En una jornada marcada por la tensión política y el cerco social, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó este viernes la inclusión de un proyecto de ley que buscaba abrogar el polémico Decreto Supremo 5503.
La propuesta, planteada por el senador Wilder Veliz (PDC), no logró obtener el respaldo de los 2/3 de los presentes, dejando la norma que elimina la subvención a los combustibles sin freno legislativo inmediato.
Retraso en la sesión
La sesión plenaria, que originalmente debía iniciar a las 09:00 horas, sufrió un retraso de más de 2 horas debido a los bloqueos protagonizados por sindicatos de transporte público en las principales avenidas de La Paz y El Alto.
Varios legisladores reportaron serias dificultades para llegar al hemiciclo en la Plaza Murillo, lo que obligó a postergar el inicio del debate hasta las 11:30 horas.
Decisión del presidente de la Asamblea
“Al no existir los 2/3, se rechaza la modificación del orden del día y continuamos con la presente sesión”, sentenció el presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, tras la votación que sepultó la iniciativa opositora y retomó la agenda establecida por la directiva.
Obligación de elegir nuevos vocales
Pese al conflicto por los hidrocarburos, la Asamblea tiene la obligación urgente de elegir a 6 de los 7 nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El tiempo es un factor crítico, ya que el mandato de las actuales autoridades electorales expira este sábado y sus sucesores deben jurar al cargo de inmediato para evitar una acefalía en el órgano electoral.
Cabe recordar que el séptimo vocal será designado directamente por el presidente Rodrigo Paz.
Contexto de alta conflictividad social
El rechazo legislativo ocurre en un contexto de alta conflictividad social. El Decreto 5503, que fija nuevos precios para la gasolina y el diésel, ha generado protestas masivas en el eje central del país (La Paz, El Alto y Santa Cruz).
Mientras el transporte exige la abrogación total de la medida, el Gobierno defiende la eliminación de la subvención como una política “necesaria e irreversible” para combatir el contrabando de combustible.
No obstante, el bloqueo parlamentario de hoy refuerza la vigencia de la norma, dejando la solución del conflicto en manos del diálogo directo entre el Ejecutivo y los sectores movilizados.
