El Gobierno nacional cerró este jueves cualquier posibilidad de modificar o abrogar el Decreto Supremo 5503. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, fue claro al afirmar que la norma “no es negociable”, respondiendo de esta manera a las exigencias de diversos sectores sociales que piden revisar el aumento en el precio de los combustibles.
Según la autoridad, el Ejecutivo fue elegido para “tomar decisiones, por difíciles que estas sean”, en favor de la viabilidad del país. A pesar de esta postura firme sobre el contenido del decreto, Lupo indicó que hay total apertura para establecer mesas de diálogo.
No obstante, aclaró que estos espacios tendrán el objetivo exclusivo de explicar los alcances técnicos de la medida y demostrar los impactos reales que busca generar en la economía nacional.
Justificación del decreto
La justificación principal del Gobierno es que el Decreto 5503 se basa en un estudio técnico profundo que busca “sincerar la economía” y abordar las causas estructurales de la crisis, en lugar de solo tratar los síntomas.
El ministro explicó que mantener el modelo de subvención heredado generó un déficit fiscal creciente e insostenible, lo que a largo plazo provocaría un aumento descontrolado de precios que afectaría principalmente a los sectores más vulnerables.
“Lo peor que podría pasar es seguir con lo que heredábamos. Estamos atacando las causas de la crisis, producidas por este subsidio que distorsionaba la economía”, afirmó Lupo en una entrevista con la Red Erbol.
Críticas a la subvención
Para el Gobierno, el esquema de combustibles baratos que existía antes del decreto funcionaba como un “engaño” para la población. Lupo denunció que la subvención no llegaba a quienes realmente la necesitaban, sino que fomentaba prácticas ilegales y permitía que “unos cuantos sinvergüenzas” se enriquecieran mediante el contrabando de carburantes hacia países vecinos.
Objetivos del Gobierno
Con esta medida, el Ejecutivo asegura que busca eliminar las distorsiones que vaciaban las arcas del Estado, priorizando la estabilidad macroeconómica por encima del costo político que representa el ajuste de precios.
