En una jornada marcada por la tensión tras el anuncio del Decreto 5503, la Alcaldía de La Paz emitió, hasta el mediodía de este jueves, 60 boletas de infracción y memorándums contra conductores que elevaron de forma arbitraria el precio de los pasajes.
El secretario municipal de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Erick Millares, calificó estos cobros como “tarifas abusivas y arbitrarias”, recordando que no existe ninguna disposición oficial que autorice un incremento.
Los operativos se concentraron en nodos críticos de la ciudad como el Cruce de Villas, el Nudo Vita, la Avenida Buenos Aires, la Pérez Velasco y diversos puntos de la zona Sur.
Controles y sanciones aplicadas
Durante los controles, la Guardia Municipal de Transporte no solo detectó el sobreprecio, sino también el persistente problema del “trameaje”, procediendo a aplicar las sanciones correspondientes según la normativa vigente.
La municipalidad fue enfática al señalar que la Resolución 120, que establece la tarifa de Bs 2,40 (incluyendo el pasaje diferenciado), sigue plenamente vigente. “Mientras no haya una disposición municipal que derogue la norma actual, los transportistas no pueden cobrar otro precio de forma unilateral”, sentenció Millares.
Línea de denuncias habilitada
Para frenar los abusos, se ha habilitado la línea de denuncias 155 (interno 6). Se solicita a los usuarios proporcionar el número de placa y, de ser posible, una fotografía del vehículo infractor. Cada infracción detectada conlleva una multa de 100 bolivianos.
Asimismo, se recomendó a la población pagar con el monto exacto para evitar conflictos con la devolución del cambio.
Clima de violencia y resistencia
La autoridad lamentó el clima de violencia generado por grupos de transportistas organizados. Según el reporte oficial, en sectores como la calle Chorolque y la Plaza Urquieta, grupos de entre 15 y 20 personas intentaron agredir físicamente a los guardias municipales para evitar los controles.
Millares subrayó que el trabajo de la Guardia no es una arbitrariedad, sino el cumplimiento de la ley para proteger la economía de la ciudadanía ante el intento de los choferes de implementar “tarifas revolucionarias” por cuenta propia.
