La directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, está siendo objeto de críticas y llamados a su destitución. Esto ocurre después de que admitiera haber trabajado durante 10 años en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). El vicepresidente Edmand Lara ha cuestionado su permanencia en el cargo y ha solicitado una investigación por posibles actos de corrupción. Este contexto se desarrolla en medio de un ambiente político tenso, que incluye la reciente presentación de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos.
Lara afirmó que “ella reconoció que trabajó 10 años en los gobiernos anteriores. Aunque intente justificarse diciendo que no denunció por miedo, el silencio también la convierte en cómplice. A confesión de parte, relevo de prueba”. Además, exigió que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio contra Ayala y anunció que se solicitarán todos los informes necesarios para esclarecer estos hechos.
“La Fiscalía tiene que actuar y abrir una investigación. Nosotros vamos a exigir la documentación correspondiente para esclarecer estos hechos”, sostuvo Lara. También cuestionó la conformación de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos presentada por el presidente Rodrigo Paz, al considerar que la participación de Ayala resta credibilidad al proceso investigativo.
Críticas a su declaración
“Ha visto robar, desfalcar y hacer daño al Estado, pero ahora dice que estaba amordazada. Eso no es verdad. Fue parte de ese sistema de corrupción y hoy integra una comisión que supuestamente busca la verdad, cuando en realidad pretende encubrir pruebas”, manifestó. En su criterio, Ayala optó por guardar silencio porque se sentía cómoda dentro del sistema y con los beneficios que recibía como funcionaria pública.
Denuncias de terrorismo de Estado
El lunes 15 de diciembre, Ayala había denunciado un supuesto “terrorismo de Estado” que, según ella, impedía revelar hechos irregulares. Sin embargo, esas declaraciones generaron rechazo en sectores políticos, periodistas y la ciudadanía, lo que intensificó los pedidos para su destitución. La situación ha generado un debate sobre la transparencia en las instituciones estatales y ha puesto en evidencia las tensiones políticas actuales.
