El traslado de las casas de tolerancia desde la zona del Casco del Minero hacia un sector cercano al Puerto Seco ha generado nuevamente tensiones entre juntas vecinales, concejales y otros sectores involucrados. Esto ocurre en medio del tratamiento de un proyecto de ley municipal que propone una reubicación definitiva de estos locales, tras 4 años de demandas vecinales por problemas de inseguridad ciudadana.
Juan de Mata Romer, presidente de la Junta Vecinal Cala Caja DID, expresó que la inquietud por el funcionamiento de los lenocinios en el casco urbano se ha arrastrado durante al menos 4 años. Esta zona, según él, ya tiene un carácter turístico y ha sido afectada por problemas de inseguridad, insalubridad y el uso indebido del espacio público.
Romer afirmó: “El trabajo sexual no está prohibido. Ninguna norma municipal lo restringe, ni la Ley 4114, ni la Ley de Seguridad Ciudadana, ni la Ley 259 de Consumo de Alcoholes. Aquí no se está quitando el derecho al trabajo, se está disponiendo únicamente una reubicación territorial”.
Detalles del proyecto de ley
El dirigente vecinal explicó que el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo Municipal aún no define aspectos operativos como licencias, horarios o tipos de construcciones. Su objetivo inicial es establecer un emplazamiento definitivo para estas actividades, con un plazo de 18 meses para que posteriormente se reglamenten todos los detalles.
La zona consensuada para la reubicación se encuentra entre la salida a Aurora y el Puerto Seco, en el sector de San Antonio. Allí se prevé un espacio cerrado con cerco perimetral, una única vía de ingreso y condiciones de seguridad, alejado de escuelas, colegios, hospitales, mercados y plazas.
“Este no es un lugar improvisado ni decidido de la noche a la mañana. Ha sido producto de mesas de trabajo con propietarios, sindicatos, asociaciones y trabajadoras sexuales. Ninguna junta vecinal del radio urbano quiere este tipo de actividades en su zona, por eso se ha determinado un sector que recién se va a poblar”, enfatizó Romer.
Informes contradictorios en el Concejo
El dirigente vecinal también cuestionó la existencia de dos informes contradictorios en el Concejo Municipal. Uno de minoría, emitido por la presidencia del Concejo, recomienda aprobar la norma. El otro, con observaciones de los concejales Jesús Cruz e Iván Quispe, plantea la necesidad de mayor consenso, planificación y detalle técnico dentro de la ley.
Ante esta situación, las juntas vecinales de la zona del Casco, que suman al menos 10 organizaciones, se declararon en estado de emergencia. Advirtieron que tomarán medidas legales y sociales, al considerar que el proyecto responde a una demanda histórica para enfrentar la inseguridad que, aseguran, se vive “los 365 días del año”.
Demandas de solución definitiva
Romer añadió: “El riesgo es que esto se siga dilatando, mientras los locales continúan funcionando de manera clandestina, con conocimiento de las autoridades. Nosotros hemos optado por no exigir clausuras inmediatas para no afectar a un sector vulnerable, pero exigimos una solución definitiva”.
Postura del concejal Cruz
Frente a los cuestionamientos vecinales, el concejal Cruz rechazó haber asumido una postura contraria al traslado. Aseguró que está de acuerdo con la reubicación, pero con condiciones claras de planificación y socialización.
Cruz afirmó: “Nadie se ha puesto del lado del casco. Estamos de acuerdo con el traslado, pero debe hacerse con planificación, seguridad ciudadana y socialización, tanto en la zona de salida como en la zona de ingreso”.
El concejal consideró viable la creación de una “zona rosa”, señalando que el sector del Casco del Minero se ha convertido en un punto de llegada de visitantes, principalmente de La Paz. Esto proyecta, dijo, una mala imagen para la ciudad y genera conflictos con otras actividades económicas como ferias y mercados dominicales.
Cruz remarcó que el proyecto de ley debe garantizar que en la zona de reubicación no existan ni se instalen unidades educativas. También debe contar con un plan de seguridad ciudadana para evitar futuros conflictos urbanos.
“Imagínense trasladar sin planificación y después construir una escuela cerca. Volveríamos a tropezar con el mismo problema. Por eso es importante que la ley cautele todos esos aspectos”, sostuvo.
Sobre la interrupción de la última sesión del Concejo por parte de trabajadoras sexuales, Cruz indicó que el tratamiento quedó suspendido a la espera de que el proyecto sea nuevamente presentado, esta vez con mayor respaldo técnico y socialización, para evitar conflictos sociales.
