El diputado Carlos Alarcón ha presentado un proyecto de ley que busca revisar procesos penales que han sido afectados por la persecución política. Esta iniciativa se centra en los casos de bolivianos que han sido perseguidos, detenidos o que se encuentran en el exilio desde enero de 2006 hasta octubre de 2025.
La propuesta tiene como objetivo habilitar mecanismos de revisión judicial para estos casos, excluyendo aquellos que están relacionados con violaciones a los derechos humanos. La ley abarca la revisión de todos los procesos penales donde existan detenidos o presos políticos, así como perseguidos y refugiados políticos.
Se establecen dos mecanismos para la revisión: una excepción extraordinaria que permite a los interesados solicitar un pronunciamiento previo y especial ante cualquier juez o tribunal que esté conociendo de esos procesos. En caso de que la resolución sea negativa, se podrá apelar a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Condiciones de la ley
En el caso de condenas que ya han sido ejecutoriadas, se añade al actual recurso de revisión la causal de persecución política. Sin embargo, es importante destacar que esta ley no se aplica a los procesos penales que involucren violaciones a los derechos humanos. Todos los procesos documentados por violaciones a derechos humanos en informes nacionales o internacionales quedan fuera de esta ley.
El Tribunal Supremo de Justicia ha indicado que, en el caso de la expresidente Jeanine Áñez Chávez, su juicio deberá realizarse mediante un juicio de responsabilidades.
Impacto en la sociedad
Alarcón ha señalado que “son centenares” las personas que se verían afectadas por esta situación, y que esto se determinará en función de las peticiones específicas que cada interesado pueda presentar. El diputado enfatizó que no se puede permitir que la sociedad se quede de brazos cruzados ante “procesos ínicos”, fraudulentos y utilizados como herramientas de terrorismo judicial por parte de gobiernos autoritarios.
Es importante aclarar que esta ley no anula los procesos, sino que habilita mecanismos para su revisión. Si se aprueba esta ley, será el Tribunal Supremo de Justicia el encargado de determinar en qué casos corresponde la anulación y extinción por vicio de persecución política.
Compromisos electorales
Alarcón también mencionó que esta iniciativa forma parte del cumplimiento de compromisos adquiridos durante la campaña electoral. Además, el diputado abordó otros temas relacionados con la situación económica del país y criticó al vicepresidente por su postura frente a las medidas necesarias para salir del estado crítico heredado por gestiones anteriores.
Según Alarcón, “si no le damos al actual gobierno estas medidas de emergencia para que pueda salir inmediatamente y sacar al país del pozo en el que está”, se estaría justificando el desastre económico dejado por administraciones pasadas.
/LA PATRIA
