El Viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, ha presentado una nueva iniciativa para cambiar el marco legal que regula los cultivos de coca en Bolivia. En su declaración, cuestionó la actual superficie permitida de 22,000 hectáreas y solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Europea (UE) para realizar un nuevo estudio de mercado. Este estudio tiene como objetivo determinar la cantidad de coca necesaria para el consumo tradicional en el país.
Justiniano denunció que la superficie legal de coca es el resultado de una decisión política adoptada durante el Gobierno de Evo Morales. Según él, esta decisión ignoró un estudio técnico que había sido realizado previamente.
“Durante el Gobierno de Evo Morales se llevó a cabo un estudio que determinó que se necesitaban 14,700 hectáreas de coca para el consumo tradicional. Sin embargo, en el ámbito político se decidió aprobar la Ley General de la Coca, que autorizó 22,000 hectáreas legales”, explicó el viceministro.
Críticas a la legalización
El viceministro criticó esta decisión, argumentando que la legalización de 22,000 hectáreas se hizo “sin fundamento técnico, solo porque en ese momento se buscaba cubrir una producción ilegal en el país”. Según las proyecciones del viceministerio, esta ampliación legal ha llevado a un crecimiento descontrolado, alcanzando 34,000 hectáreas en 2024.
Justiniano advirtió que, ante una erradicación considerada “muy poca” en la gestión actual, la superficie de cultivos podría dispararse hasta 40,000 hectáreas en 2025.
Exceso de coca en Bolivia
“Bolivia tiene más coca de lo que se necesita para sus usos tradicionales”, afirmó Justiniano. Además, señaló que “la coca se ha desbordado bajo un paraguas legal que le otorgó el anterior Gobierno”. La redefinición de la cifra legal de cultivos de coca es un punto central en la agenda del actual Gobierno.
Compromiso con la transparencia
Además del estudio de mercado, Justiniano se comprometió a llevar a cabo un análisis técnico sobre el factor de conversión de coca a cocaína. Este aspecto es crucial, ya que “la capacidad de los narcotraficantes ha mejorado lamentablemente en los últimos años”.
“Esos son informes que nosotros vamos a tener y los compartiremos en el futuro”, concluyó el viceministro.
Impacto en políticas públicas
La intención del viceministro es transparentar las cifras y los estudios para implementar una política de sustancias controladas más rigurosa y técnica. La situación actual refleja una discrepancia entre las cifras legales y las necesidades reales del consumo tradicional, lo que impacta directamente en las políticas públicas relacionadas con el control y regulación del cultivo de coca en Bolivia.
