El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, ha expresado su preocupación sobre las posibles consecuencias legales que podrían surgir debido a la demora del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en decidir sobre la personería jurídica de los partidos Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Estos partidos no lograron obtener el 3% de los votos en las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.
Vargas destacó que esta falta de definición podría impactar negativamente las alianzas políticas que estas agrupaciones están formando de cara a las elecciones subnacionales programadas para marzo de 2026.
El vocal del TSE comentó que “existe una situación de incertidumbre y el tema está prácticamente en manos del Tribunal Constitucional. En el caso de ambos partidos, aún no se ha definido su personería jurídica”. Esta indefinición representa un riesgo, ya que ADN y UCS están participando activamente en alianzas con otras agrupaciones ciudadanas. Una decisión tardía del TCP podría perjudicar estas alianzas.
Resultados de las elecciones
En los comicios del 17 de agosto de 2025, ADN, en alianza, obtuvo solo el 1.45% de los votos válidos, mientras que UCS alcanzó el 1.67%. Ambas siglas quedaron por debajo del 3% exigido por la normativa electoral.
Vargas recordó que, tras no cumplir con este requisito, el TSE inició el proceso de cancelación de la personería. Sin embargo, antes de que se emitiera una resolución, ambos partidos interpusieron una acción concreta de inconstitucionalidad.
Riesgos de un pronunciamiento tardío
“El problema y el riesgo es que el pronunciamiento se dé días antes de la jornada de votación, lo que podría generar perjuicios”, reiteró Vargas. El vocal explicó que el TSE rechazó dicha acción de inconstitucionalidad, pero el procedimiento establece que el caso debe ser remitido al Tribunal Constitucional para su revisión.
Por este motivo, la Sala Plena del TSE decidió esperar el pronunciamiento del TCP antes de emitir cualquier fallo definitivo.
Plazos del Tribunal Constitucional
“El tema está ahora en manos del Tribunal Constitucional. Exhortamos a que se pronuncie y determine la admisión o el rechazo de la acción de inconstitucionalidad concreta”, afirmó Vargas. El procedimiento constitucional establece que el TCP tiene un plazo de 45 días para tomar una determinación.
En caso de que el TCP rechace la acción, el proceso regresará al TSE, que deberá proceder a la cancelación inmediata de la personería jurídica de ADN y UCS.
Futuro incierto para los partidos
Vargas aclaró que no fue parte de la decisión de remitir el caso al TCP. Corresponderá a las nuevas autoridades del Órgano Electoral tomar la decisión final una vez que exista un fallo constitucional.
Si el TCP se pronuncia después de los plazos electorales y ratifica la constitucionalidad de la pérdida de personería por no alcanzar el 3%, el TSE deberá reunirse en Sala Plena y proceder a la cancelación.
La situación actual plantea un escenario incierto para las organizaciones políticas involucradas y sus posibles alianzas electorales en un contexto donde los tiempos son críticos ante las próximas elecciones subnacionales.
