El proceso relacionado con el desfalco al Fondo Indígena ha cobrado mayor relevancia este jueves, tras la decisión de la Procuraduría General del Estado (PGE) de unirse a la causa.
La PGE, encabezada por Hugo León La Faye, ha informado que actuará como sujeto de pleno derecho. Su objetivo es asegurar la recuperación del daño económico y proteger los intereses del Estado.
Este paso se da en un momento en que la Fiscalía de La Paz ya ha detenido a dos personas de alto perfil: el expresidente Luis Arce y la exdiputada del MAS, Lidia Patty, por presuntos actos de corrupción.
Imputaciones y detenciones
El expresidente Arce ha sido formalmente imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Durante su anterior cargo como ministro de Economía, se le acusa de haber autorizado la salida de fondos destinados a proyectos que no se llevaron a cabo.
La Fiscalía ha solicitado que se le imponga una detención preventiva de 3 meses en el penal de Qhalauma.
Por otro lado, la exdiputada Patty, quien fue la primera en ser aprehendida, enfrenta acusaciones por haber recibido 700.000 bolivianos que estaban destinados a un proyecto de producción de tomates en beneficio de 8 comunidades. Además, se le está investigando en un segundo caso relacionado con la producción de miel.
Objetivos de la Procuraduría
La PGE ha reiterado que su participación en este proceso tiene como finalidad, además de la recuperación del daño económico, la identificación de responsabilidades y la protección de los recursos públicos que se vieron comprometidos en los desembolsos irregulares del Fondo Indígena.
