El Ministerio Público de Bolivia ha presentado una imputación formal contra el expresidente y exministro de Economía, Luis Alberto Arce Catacora. En este contexto, se solicita la aplicación de una medida cautelar extrema que consiste en la detención preventiva por un periodo de tres meses.
La Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas ha pedido que Arce sea recluido en el Centro de Reinserción Qalauma de La Paz mientras se lleva a cabo la investigación preliminar.
Arce fue aprehendido el pasado miércoles y se le investiga por su presunta responsabilidad en manejos irregulares dentro del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc). Este caso es conocido como el “Fondo Indígena”, uno de los mayores escándalos de corrupción de la última década.
Imputación y cargos
La imputación formal acusa a Arce de incumplimiento de deberes, según el Artículo 154 del Código Penal, y de conducta antieconómica, de acuerdo con el Artículo 224 del mismo código.
La Fiscalía argumenta que existen suficientes elementos de convicción que apuntan a una probable responsabilidad penal del expresidente. La medida cautelar solicitada se basa en la existencia de riesgos procesales específicos.
Conocimiento de irregularidades
Según el Ministerio Público, Arce tenía conocimiento de la “ilicitud” de su conducta, lo cual se demostraría con la documentación que forma parte del cuaderno de investigaciones.
La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de fondos y la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Indígena entre 2010 y 2011.
Reunión clave en 2009
De acuerdo con la imputación, el 23 de noviembre de 2009, durante una reunión del Directorio del Fondo en Tarija, el entonces ministro de Economía, Luis Arce, habría manifestado la existencia de aproximadamente 925.000.000 Bs en fondos. Además, sugirió la necesidad de una Resolución Biministerial para el uso de esos recursos acumulados.
A pesar de que la Ley Financiera no contemplaba las transferencias público-privadas, se podrían elaborar proyectos para transferir los recursos en enero, bajo la nueva Ley Financiera.
Esta declaración es señalada por la Fiscalía como el hecho que permitió la presentación de proyectos sin los debidos mecanismos de control, lo que originó las presuntas irregularidades.
Próximos pasos en la investigación
Mientras el exministro espera su audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía también ha solicitado la toma de declaraciones de una larga lista de exautoridades y otras personas relacionadas con el caso.
Entre los nombres destacados se encuentran Julia Ramos, exministra; Diego Faldin; Sergio Hinojosa; Herminia Colque; Luisa Villca; Jorge Quispe; Eliseo Camiño; Epifanio Pacheco; Sandra Paredes; Ramiro Burgos; Victor Quintanilla; Nemecia Achacollo; Gloria Zamorano; Felipa Huanca; Rodolfo Machaca; Hilarion Mamani; Ever Choquehuanca; Melva Hurtado; Julian Jala; Juanita Ancieta; Carlos Fuentes y Julia Ramos.
