La presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, informó este jueves que los magistrados cuyo mandato fue extendido, y cuyas funciones terminaron en noviembre, gastaron alrededor de 4.000.000 bolivianos solo en pasajes y viáticos durante la gestión actual. Esta denuncia ha llevado a la apertura de auditorías y a la posibilidad de que los implicados enfrenten procesos legales.
El monto cuestionado representa una parte considerable del presupuesto total del TCP para este año, que asciende a cerca de 76.000.000 bolivianos. Prudencio expresó su descontento al señalar que estos recursos no se destinaron a prioridades como la modernización del sistema judicial y la mejora de los servicios del tribunal. En cambio, se utilizaron para viajes que ella calificó como innecesarios. Se ha solicitado un informe económico detallado a Sala Plena.
Posibles consecuencias legales
Una vez que se conozca el informe económico, las autoridades involucradas podrían ser procesadas. Paola Prudencio adelantó que los funcionarios podrían enfrentar procesos administrativos. Por otro lado, las exautoridades del TCP, es decir, los magistrados que tuvieron su mandato prorrogado, podrían ser procesados por la vía penal o civil, además de la administrativa.
Fin del mandato prorrogado
Los cinco magistrados con mandato prorrogado cesaron formalmente sus funciones el 25 de noviembre, después de que dos fallos de salas constitucionales dispusieran su salida, poniendo fin a la extensión de sus periodos. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre en el ámbito judicial, donde se espera que se tomen decisiones sobre las responsabilidades de los involucrados.
