El diputado Carlos Alarcón ha criticado la actuación de los fiscales en el caso Botrading. Según él, la falta de acción oportuna de estos funcionarios permitió que Armin Dorgathen se fugara a Brasil.
Alarcón ha exigido al canciller que active mecanismos diplomáticos para lograr la expulsión de Dorgathen, quien violó la ley de arraigo al salir de Bolivia tras su renuncia como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Además, el diputado propuso tres medidas urgentes para combatir la corrupción en el país. Estas incluyen la creación de una ley de acceso a la información y penas más severas para delitos graves relacionados con la corrupción.
Críticas a la inacción fiscal
El legislador destacó que si los fiscales hubieran detenido a Dorgathen el 23 de septiembre de 2025, “en este momento hubiera estado preso en San Pedro y no hubiera estado fugado en Brasil”. También cuestionó por qué no se actuó con la misma rapidez que con Félix Cruz, exgerente de YPFB logística, quien sí fue objeto de prisión preventiva. Alarcón mencionó que “Félix Cruz ha tenido una intervención mucho menor, comparada con la de Armin Dorgathen”.
Propuestas para la captura
Alarcón enfatizó la necesidad de activar un sello rojo de Interpol para facilitar la captura del exfuncionario. Aclaró que no se ha solicitado extradición debido a las demoras que implica este proceso y sugirió que lo más adecuado sería pedir su expulsión. “Él ha burlado y violado la ley de Arraigo 1352”, afirmó Alarcón, refiriéndose a la normativa que obligaba a Dorgathen a permanecer en Bolivia hasta tres meses después de su renuncia.
Reformas necesarias
En cuanto a las reformas necesarias, Alarcón propuso una transformación integral del Ministerio Público y del sistema judicial. Mencionó que “tanto la sociedad civil como ustedes, estamos convencidos de que estamos hartos de tanta corrupción”. En este sentido, planteó tres medidas concretas: ley de acceso a la información, 30 años de cárcel sin derecho a indulto por casos graves de corrupción e inhabilitación perpetua.
Alarcón argumentó que “casos gravísimos” deberían ser castigados con 30 años sin derecho a indulto y decomiso total del patrimonio del funcionario involucrado en corrupción. Resaltó que es fundamental establecer un marco legal más riguroso para enfrentar estos problemas estructurales en Bolivia.
Medidas urgentes contra la corrupción
Finalmente, reiteró que estas son medidas urgentes necesarias para contrarrestar hechos corruptos que ya son comunes en el país.
