El 8 de diciembre de 2025, el Presidente Rodrigo Paz y su gabinete aprobaron un nuevo decreto supremo que prohíbe a los funcionarios renunciar a sus vacaciones. Esta medida anula la política implementada por el gobierno de Luis Arce, que permitía a los empleados públicos recibir un pago en efectivo por los días de vacaciones que no utilizaban.
El decreto modifica varias disposiciones del Estatuto del Funcionario Público. La decisión se justifica al señalar que los recursos públicos son limitados y que existen compromisos de pago pendientes que fueron heredados del gobierno anterior. Además, se menciona la necesidad de cumplir con gastos fijos, subvenciones y programas sociales. Por esta razón, se suspende el plan de Arce que permitía el pago en efectivo por las vacaciones no disfrutadas.
Uso obligatorio de vacaciones
De acuerdo con el decreto de Paz, el uso de las vacaciones se vuelve obligatorio. Solo se permitirá recibir un pago en efectivo en casos excepcionales, tales como el fallecimiento del funcionario (a favor de sus herederos), el cierre de la entidad, la destitución o renuncia del funcionario, o cuando exista una sentencia judicial firme. En estas situaciones, las entidades públicas deberán realizar el pago correspondiente en un plazo máximo de 12 meses.
Además, si se trata de un caso de destitución, renuncia o cierre de la entidad, el pago se realizará de manera automática, sin que el funcionario tenga que solicitarlo.
Decreto anterior de Arce
En octubre de 2025, el gobierno de Arce había establecido, mediante el Decreto Supremo N° 5470, que las instituciones públicas debían pagar las vacaciones acumuladas de sus funcionarios en un plazo máximo de 45 días calendario. Esta normativa ahora queda sin efecto con la nueva medida del gobierno de Paz.
