La Policía de Ecuador llevó a cabo 24 operativos entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025, resultando en la detención de 51 personas. Algunas de estas personas están vinculadas a las bandas criminales conocidas como Los Lobos y Los Choneros. Gracias a estas acciones, se evitó el pago de más de 1 millón de dólares en casos de secuestros y extorsiones.
Operativos en varias provincias
Los operativos, que fueron denominados Libertad, se realizaron en varias provincias costeras, incluyendo Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. También se llevaron a cabo en zonas de la Sierra centro del país.
Impacto en el crimen organizado
Las intervenciones policiales lograron prevenir que las víctimas entregaran un total de 1.228.500 dólares a los presuntos extorsionadores. Además, cuatro personas que estaban secuestradas fueron liberadas. Estas víctimas recibieron atención médica inmediata y fueron entregadas a sus familias siguiendo los protocolos establecidos.
Detenciones clave
Aunque los operativos se realizaron entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025, los días 3 y 4 fueron los más relevantes. El 3 de diciembre, dos personas fueron detenidas en Lomas de Sargentillo, en la provincia de Guayas. Durante esta operación, se rescató a un hombre que estaba retenido dentro de su camión.
En Esmeraldas, otros dos sospechosos fueron arrestados por exigir una alta suma de dinero a cambio de no atentar contra la vida de un ciudadano y su familia.
Acciones en Manta
Un día después, el 4 de diciembre, un operativo en Manta resultó en la detención de una mujer y dos presos del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo. Estos individuos supuestamente exigían 5.000 dólares para no atentar contra sus víctimas.
Declaración de conflicto armado
Desde principios de 2024, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha declarado la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno”. Esta declaración ha permitido catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y ha facilitado la aplicación de estados de excepción, que incluyen la militarización de las cárceles controladas por estas estructuras criminales.
