El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció que el Gobierno planea implementar en 2026 la propuesta del 50/50. Esta iniciativa consiste en transferir a las regiones la mitad del presupuesto destinado a salud y educación, permitiendo que los gobiernos subnacionales gestionen estos recursos. Durante el fin de semana, surgió una controversia tras las declaraciones de Espinoza, que fueron interpretadas como un rechazo a aplicar esta medida el próximo año.
Espinoza aclaró a través de redes sociales que se solicitará un plazo hasta febrero para realizar los ajustes necesarios. El ministro indicó que el anterior gobierno no incluyó el 50/50 en el presupuesto para 2026; sin embargo, la administración actual está pidiendo un tiempo adicional para trabajar en esta propuesta. “Nuestro objetivo es que el régimen 50/50 entre en vigencia en 2026, tal como se acordó con las gobernaciones”, afirmó.
Objetivo del 50/50
Además, Espinoza remarcó que en ningún momento se ha postergado esta redistribución para 2027. La propuesta del 50/50 busca otorgar mayor autonomía y capacidad de gestión a los gobiernos subnacionales en áreas críticas como salud y educación. Esta medida ha generado un intenso debate sobre su viabilidad y los posibles impactos que podría tener en la administración pública local.
La implementación efectiva del 50/50 dependerá de los ajustes solicitados por el actual gobierno y de la colaboración con las gobernaciones. La discusión sobre la transferencia del presupuesto refleja una tendencia hacia la descentralización y la búsqueda de soluciones más adaptadas a las necesidades locales.
Reacciones y futuro de la iniciativa
Las reacciones de diferentes sectores políticos y sociales serán clave para determinar el futuro de esta iniciativa. La forma en que se gestione esta propuesta puede influir significativamente en la administración de recursos en las regiones y en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la población.
