El diputado Carlos Alarcón ha expresado su descontento con la actuación de los fiscales en el caso Botrading. Según Alarcón, la falta de detención preventiva del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, facilitó su fuga a Brasil.
Alarcón argumentó que si los fiscales hubieran ordenado la aprehensión y detención preventiva de Dorgathen el 23 de septiembre, este no habría podido escapar. En su opinión, “era obvio que se corría el riesgo de obstaculizar el proceso, contaminar y manipular las pruebas”.
El diputado destacó que la participación de Dorgathen en el caso es más relevante que la de otros implicados, como Félix Cruz, exgerente de YPFB Logística, quien fue cambiado a arresto domiciliario.
Solicitudes al fiscal general
Alarcón también mencionó que ha enviado notas oficiales al fiscal departamental de La Paz desde el 15 de septiembre. En estas notas, solicitó medidas cautelares sobre los bienes y personas mencionadas en el informe del caso Botrading. Sin embargo, consideró que los avances en este asunto han sido “insignificantes” y acusó a los fiscales de actuar con lentitud.
El diputado pidió al fiscal general que colabore con la cancillería para gestionar la rápida expulsión de Dorgathen desde Brasil. Además, solicitó activar un sello rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en caso de que Dorgathen intente salir del país.
Diputado Alarcón envía notas a fiscal general y al canciller para que Dorgathen sea traído a Bolivia/ RR.SS
Impacto en la credibilidad del Estado
Según Alarcón, “este caso compromete toda la credibilidad del Estado boliviano en la lucha contra la corrupción”. También hizo referencia a la Ley 1352, que establece sanciones por violar las prohibiciones de salida del país tras concluir funciones.
Alarcón argumentó que Dorgathen debería haber permanecido 3 meses en Bolivia bajo sanción penal y que su salida ilegal justifica su expulsión inmediata.
Responsabilidades en el caso
Finalmente, Alarcón instó a las autoridades del nuevo gobierno de YPFB y al Procurador General del Estado a impulsar el proceso penal. Afirmó que hasta ahora, los fiscales han actuado como “facilitadores y promotores de la impunidad” respecto a las anteriores autoridades de YPFB.
En relación con las responsabilidades por omisión en el manejo del caso Botrading, Alarcón planteará preguntas específicas sobre dónde fallaron las alertas migratorias y quiénes son los responsables dentro de las instituciones involucradas.
/LA PATRIA
