El juez 11º Cautelar Penal, Hugo Huacani, ha decidido otorgar detención domiciliaria al dirigente panificador Rubén Ríos. Esta medida se enmarca en un caso relacionado con irregularidades en la subvención de harina. La decisión ha generado una fuerte respuesta de indignación por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua (Mdprya), que exige la revisión de esta medida judicial.
Las autoridades de esta cartera han expresado su preocupación ante el accionar del operador judicial. Señalan que decisiones como la otorgada a Ríos generan desconfianza y alimentan la impunidad en el sistema judicial.
El ministerio ha solicitado a las autoridades competentes investigar el comportamiento del juez, argumentando que tales determinaciones traicionan el esfuerzo institucional para erradicar la corrupción en el país. Esta información fue divulgada a través de un comunicado de prensa emitido por el ministerio.
Vínculos ilícitos
Las indagaciones realizadas han revelado vínculos ilícitos entre Rubén Ríos y sus familiares, lo que ha configurado una red de corrupción. Entre los delitos que se están investigando se encuentran el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias.
Este caso no solo afecta la credibilidad del sector panificador, sino que también compromete el patrimonio de todos los bolivianos, generando un clima de desconfianza en las instituciones.
Riesgo de fuga
La medida otorgada por el juez Huacani también plantea un riesgo de fuga, similar al caso del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.
Rubén Ríos ha mostrado resistencia a enfrentar las acusaciones en su contra, ya que no fue encontrado en su domicilio durante varios días, lo que aumenta las preocupaciones sobre su posible evasión de la justicia.
Exigencias del ministerio
El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua exige que la medida sustitutiva aprobada por el juez sea revisada y revertida. Las autoridades piden que la justicia envíe señales claras de cambio y un compromiso real con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Se lamenta que ciertos operadores de justicia no estén apoyando el esfuerzo del equipo jurídico del ministerio para identificar y sancionar a los responsables de los hechos de corrupción que han sido descubiertos.
