La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, realizó este jueves una inspección sorpresa en las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz. Durante esta visita, anunció que se implementará un control estricto ante lo que considera el problema más grave: el “tráfico de tierras”.
Esta acción tiene como objetivo “devolver transparencia institucional” al departamento, tras recibir numerosas denuncias sobre dotaciones irregulares, avasallamientos y la paralización de títulos de propiedad.
Cadena de transferencias ilegales
Barrientos explicó que el tráfico de tierras funciona como una “cadena de transferencias ilegales” que está altamente organizada. Según su descripción, este esquema implica que se entrega tierra de forma irregular a un individuo, quien luego la lotea y la vende, generando una situación “muy complicada” en la manera en que se han manejado las cosas en el INRA.
Documentación interna solicitada
La inspección incluyó la solicitud inmediata de documentación interna para desentrañar estas presuntas redes de corrupción que están siendo investigadas a nivel nacional.
Problemas burocráticos
Otro aspecto que se abordó durante la inspección es la crítica burocracia que afecta a los beneficiarios. La viceministra reveló que hay más de 363 títulos de propiedad que están estancados en el Consejo de la Magistratura, y más de la mitad de estos casos corresponden únicamente al departamento de Santa Cruz.
Existen casos de documentos que han estado paralizados por períodos que oscilan entre 8 y 10 años, lo que impide a los beneficiarios regularizar la posesión de sus predios.
Coordinación e inspección
La acción de Barrientos, junto a representantes de la Brigada Parlamentaria, fue una “coordinación e inspección” que se diferencia de la intervención formal realizada semanas atrás en La Paz, la cual sigue en curso.
Visita inesperada
La viceministra confirmó que el personal del INRA no tenía conocimiento de la visita, asegurando: “Ellos no saben que venimos, pero vamos a ver en qué andan”. Además, reiteró que no se proporcionarán cifras de irregularidades detectadas hasta contar con “certezas absolutas” que permitan iniciar procesos penales formales.
