El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) presentó el 1 de diciembre de 2025 una querella penal contra tres personas, entre ellas una funcionaria pública. Estas personas están siendo investigadas por su supuesta participación en una red que se dedica a la falsificación de documentos relacionados con Derechos Reales, folios reales, sellos y títulos oficiales.
Este caso se hizo público cuando el Ministerio Público y la Policía lograron desarticular una “fábrica” de documentos falsificados vinculados a Derechos Reales. El 19 de noviembre de 2025, el Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 ordenó la detención preventiva de los acusados.
Las primeras investigaciones han mostrado que existen documentos y sellos que han sido manipulados, algunos de los cuales pertenecen al propio municipio. Esto sugiere que esta red pudo haber operado en trámites administrativos muy sensibles, como la autorización de terrenos.
Avances judiciales y medidas cautelares
Según el secretario de Asuntos Jurídicos del GAMO, Marco Antonio Ayllón, la Fiscalía ya ha presentado una imputación formal por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, tras haber reunido los primeros elementos de prueba.
Ayllón mencionó que la audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo la semana pasada, resultando en la decisión de detención preventiva para los tres investigados. La defensa apeló esta resolución, pero la sala de alzada decidió confirmarla.
El GAMO inicialmente se presentó en el proceso para conocer el alcance del caso. Sin embargo, al comprobar que entre los elementos secuestrados había sellos y documentos relacionados con el GAMO, se optó por presentar formalmente la querella penal.
“Se va a presentar la querella criminal en contra de estos tres imputados”, explicó Ayllón, subrayando que esta acción permitirá un seguimiento más riguroso del avance del proceso y un control sobre las diligencias que realicen el Ministerio Público y la Policía.
Documentos secuestrados
El secretario indicó que la Fiscalía ha confiscado varios documentos durante la investigación, aunque aún se debe precisar su detalle en una audiencia específica. Entre los elementos incautados se encuentran sellos del municipio y documentos oficiales que se sospecha han sido adulterados.
La gravedad de este caso radica en que el GAMO maneja trámites relacionados con la autorización de lotes de terreno, procesos que requieren estrictos controles administrativos.
Además, el municipio emite el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), lo que convierte cualquier falsificación en un riesgo con amplias implicaciones legales y patrimoniales.
Posibles implicaciones adicionales
Ayllón anticipó que, debido a la variedad de documentos involucrados, otras instituciones tanto públicas como privadas podrían sumarse al proceso penal. Mencionó que entre los materiales secuestrados hay documentos utilizados en trámites profesionales e incluso bancarios, lo que podría ampliar el caso a otros actores.
Por el momento, no se ha determinado un daño económico específico para el municipio. Según explicó el secretario, primero se debe concluir la revisión de toda la documentación confiscada. Posteriormente, se llevará a cabo una auditoría técnica y legal para evaluar el impacto real de la presunta red de falsificación.
“Estamos aguardando que se haga la apertura de la documentación para verificar qué documentos son. Luego de eso corresponde hacer un análisis para cuantificar el daño”, concluyó Ayllón.
