El vocal de la Sala Penal Quinta del Tribunal Departamental de Justicia, Juan Adalid Mamani Quispecahuana, tomó la decisión de revocar la detención preventiva en prisión de dos funcionarios implicados en un escándalo de cobros irregulares dentro del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz. En su lugar, se les otorgó detención domiciliaria.
Los funcionarios, identificados como Edson G. S. S. y María R. M. C., fueron aprehendidos en flagrancia el 12 de noviembre por el presunto delito de concusión. Este caso ha generado una gran controversia en la región.
Reacciones de asambleístas
Los asambleístas departamentales Israel Alanoca y Leopoldo Chui expresaron su descontento con la decisión del vocal, calificándola de “lamentable”. Alertaron sobre los riesgos que conlleva la liberación de los funcionarios implicados en el escándalo.
“Ayer, en una audiencia de apelación, se ha revocado la decisión del juez de primera instancia y les ha beneficiado con detención domiciliaria,” informó Alanoca. “Ellos pueden incluso hablar con las víctimas, pueden manipular los papeles ya que tienen acceso directo al Sedes, y ahí hay un riesgo. El juez no ha obrado bien,” reclamó el asambleísta.
Detalles de la fianza
Alanoca también reveló que el vocal impuso una fianza de solo 10.000 bolivianos. “Ese monto y más hemos encontrado ese día y solo habían recogido en 3 horas. Imagínense cuánto más habrán recogido en estos años,” sentenció el asambleísta. Su colega Chui acusó directamente al vocal Mamani Quispecahuana de manejarse “con dinero para librar procesos judiciales”.
El escándalo en Sedes
El caso que ha estallado en el Sedes de La Paz se refiere al cobro sistemático de dinero a funcionarios para asegurarles sus puestos de trabajo. Los imputados fueron encontrados en flagrancia el 12 de noviembre en posesión de dinero en efectivo, una laptop y una lista de víctimas a quienes exigían montos que variaban entre 90 y 250 bolivianos.
Durante la intervención policial, se halló al menos 12.000 bolivianos, monto que se habría recaudado en un solo día. Esta situación ha generado una gran preocupación entre las autoridades y la población.
Defensa del vocal
Durante la audiencia de apelación, el vocal Mamani Quispecahuana defendió su decisión basándose en consideraciones técnicas, negando que los imputados hayan sido encontrados en flagrancia. Según el vocal, la flagrancia no fue fundamentada de forma proporcional y argumentó que esta figura legal es “propia de delitos de narcotráfico”.
Además, calificó los riesgos de influir en testigos y manipular pruebas, mencionados por los denunciantes, como “incongruencias internas”. Con estos fundamentos, el vocal resolvió revocar la resolución anterior y dispuso que ambos imputados asuman su defensa en libertad, aplicando medidas menos gravosas, incluyendo la detención domiciliaria sin salida laboral.
Demandas de celeridad
Finalmente, los asambleístas pidieron al vicepresidente Edmand Lara que dé celeridad a las peticiones que enviaron sobre estos graves hechos de corrupción en el Sedes. La situación sigue generando un amplio debate en la sociedad y entre las autoridades competentes.
