La Fiscalía de Oruro ha comenzado una investigación por un caso de presunta concusión que involucra a un sargento de la Policía boliviana. Este uniformado es acusado de recibir depósitos económicos de varias funcionarias policiales a cambio de gestionar cambios de destino que nunca se llevaron a cabo. Además, las autoridades están buscando a un segundo responsable en este caso.
Entre las víctimas se encuentran al menos 4 uniformadas, una de ellas destinada en el departamento de Pando. Estas funcionarias, aparentemente, depositaron alrededor de 130,000 bolivianos en manos del sargento.
Detalles de la denuncia
Según la información proporcionada este miércoles 26 de noviembre de 2025 por el fiscal a cargo del caso, Richard Gutiérrez Argote, la denuncia fue presentada hace unas semanas por una funcionaria policial. Esta denunciante relató que contactó, a través de redes sociales, a otra uniformada que ofrecía facilitar su traslado desde Pando hasta la ciudad de Oruro.
La uniformada que hizo la oferta en redes sociales afirmaba tener conexiones con mandos superiores que podían influir en la asignación de destinos, todo a cambio de una suma de dinero. La denunciante aceptó la propuesta y realizó varios depósitos bancarios, pero el cambio de destino nunca se concretó.
Más víctimas descubiertas
A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que no solo una, sino otras 3 funcionarias policiales también habían entregado montos económicos bajo la misma promesa. En total, las afectadas entregaron cerca de 130,000 bolivianos.
Gutiérrez explicó que la funcionaria que aparentemente contactó inicialmente a las víctimas se encuentra actualmente desaparecida. Sin embargo, se logró identificar a un tercer involucrado, un sargento de Policía de 35 años que facilitó la cuenta bancaria donde se realizaron los depósitos.
Aprehensión del sospechoso
Este uniformado fue localizado en el departamento de La Paz, donde se ejecutó su mandamiento de aprehensión. Este miércoles 26 de noviembre de 2025, el sargento fue trasladado a las dependencias de la Fiscalía de Oruro, donde espera ser presentado ante un juez cautelar para definir su situación jurídica.
Estado de la investigación
El Ministerio Público ha informado que el caso se encuentra en etapa preliminar y que la calificación provisional del delito es concusión, tal como se establece en el Código Penal. Además, se ha ampliado la investigación ante la posibilidad de que existan más víctimas que hayan sido afectadas por el mismo modus operandi, ya que la Fiscalía ha recibido nuevas denuncias de funcionarias que han relatado circunstancias similares.
De acuerdo con Gutiérrez, tanto el denunciado como varias de las víctimas tienen el grado de sargento. El Ministerio Público continúa con la recolección de pruebas, la toma de declaraciones y el rastreo de movimientos bancarios, mientras también se investiga el posible involucramiento de otras personas que colaboraron en la recepción de dinero y en la promesa de tramitar beneficios institucionales.
