La Fiscalía ha confirmado que al menos 4 instituciones se han sumado como víctimas en el caso conocido como “red de falsificación” de documentos. Este caso involucra a 3 personas, entre ellas una funcionaria judicial. El Ministerio Público está evaluando la posibilidad de ampliar los delitos que se les imputan a los acusados.
Los implicados actualmente enfrentan un proceso judicial por el delito de falsedad material. La fiscal a cargo del caso, Patricia Araoz, indicó el jueves 20 de noviembre que se buscará ampliar los delitos. “En primera instancia solamente los hemos procesado por el delito de falsedad material, pero a la presente causa la suscrita fiscal va a ampliar delitos en el sentido de que ha existido otro tipo de hechos más, como ser la falsificación de los sellos”, comentó Araoz.
Inicio de la investigación
La investigación comenzó el 20 de octubre de 2025, tras la denuncia de una persona que reportó inconsistencias en un trámite de reconocimiento de firmas en Derechos Reales.
Después de un mes de indagaciones, la Fiscalía llevó a cabo 3 allanamientos el 19 de noviembre de 2025. Durante estos operativos, se secuestraron folios reales falsos, títulos académicos, planos modificados, sellos de instituciones públicas y privadas, computadoras, impresoras y otros elementos relacionados con la falsificación de documentos.
Aprehensiones y roles en la red
En el transcurso de los operativos, fueron aprehendidos 2 hombres y se identificó a una funcionaria de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial (DAF) como parte de la red de falsificación. La investigación preliminar reveló que esta funcionaria vendía hojas de folio real originales junto con sus carpetas, y que los implicados tenían roles específicos dentro de la estructura criminal.
El juez de Instrucción en lo Penal N° 2, Arnold Campos, determinó la detención preventiva de 6 meses para los 3 imputados por los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y falsificación de sellos. De los aprehendidos, 2 hombres fueron enviados al penal de San Pedro y la funcionaria a La Merced.
Entidades afectadas
Araoz explicó que las entidades afectadas son la Asociación de Notarios, la DAF, el Consejo de la Magistratura y la Alcaldía. Sin embargo, también mencionó que otras instituciones podrían sumarse a la lista a medida que se detecten documentos falsificados en sus registros.
Hasta el momento, ningún banco ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, a pesar de que, según las investigaciones, estas instituciones aparentemente eran uno de los principales objetivos de esta red criminal.
Próximos pasos en el proceso
La fiscal también informó que la defensa de los imputados ha apelado la resolución del juez cautelar, por lo que se programará una audiencia en una instancia superior.
La Fiscalía ha confirmado que la red operaba de manera organizada, con roles diferenciados: algunos miembros proporcionaban los materiales, otros se encargaban de la falsificación y otros ejecutaban los documentos para operaciones financieras. Araoz señaló que, a pesar de haber recibido amenazas, continuará con la investigación.
