Dos funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz fueron enviados con detención preventiva a la cárcel por cuatro meses, acusados de cobrar supuestamente a otros empleados a cambio de mantenerlos en sus cargos. Los cobros presuntamente se realizaban de manera mensual y el monto variaba según el cargo del trabajador.
El miércoles pasado, tres asambleístas departamentales de La Paz, Samanta Coronado, Israel Alanoca y Aida Quispe, realizaron un operativo de control en las oficinas del Sedes tras recibir denuncias anónimas sobre los cobros.
Durante la inspección, los legisladores descubrieron a dos funcionarios recibiendo dinero de los trabajadores en el interior de la oficina del edificio V Centenario. Uno de los implicados forcejeó con el asambleísta Alanoca y trató de huir, pero fue detenido más abajo y quedó bajo custodia policial.
En la oficina, los legisladores encontraron planillas de cobro, una computadora con la base de datos del personal y tres cajones llenos de dinero en billetes de Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200. Según Alanoca, los documentos y la computadora contenían los registros de más de 500 funcionarios que aparentemente fueron obligados a realizar los pagos.
“Una denuncia anónima nos indicó que en esta oficina del edificio V Centenario se estaban realizando cobros a todo el personal del Sedes. Entonces nos constituimos Israel Alanoca, Aida Quispe y mi persona, y descubrimos infraganti a estos funcionarios. Uno de ellos forcejeó con Israel y salió corriendo de la oficina, pero pudimos atraparlo más abajo y quedó bajo custodia policial”, contó Coronado, según citó Visión 360.
Los asambleístas indicaron que este tipo de cobros pueden estar replicándose en otras reparticiones de la Gobernación, como Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y Servicio Departamental de Deportes (Sedede). Una de las funcionarias aprehendidas presuntamente declaró que actuaban por instrucción del gobernador Santos Quispe, aunque esta versión fue negada por las autoridades.
El director del Sedes, Juan Carlos Camacho, sostuvo que los implicados son exfuncionarios y rechazó que exista una orden superior para realizar cobros. El gobernador Quispe también desmintió las acusaciones y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio.
Según los asambleístas, un exfuncionario relató que fue despedido por negarse a realizar los cobros exigidos. Inicialmente, los pagos se recaudaban dentro del Sedes, pero presuntamente posteriormente fueron trasladados al edificio V Centenario.
Las denuncias anónimas que dieron origen al operativo estaban acompañadas de capturas de pantalla de un grupo institucional de WhatsApp denominado “Hacemos Gestión”, en el que aparentemente se convocaba al personal a realizar los pagos en fechas y horarios específicos.
Alanoca informó que este lunes 17 de noviembre, presentarán una solicitud formal para que el gobernador, el director del Sedes y otros funcionarios comparezcan ante el Ministerio Público. El caso es investigado por los delitos de cohecho pasivo, beneficio en razón del cargo o extorsión.
La detención preventiva de los dos funcionarios fue dictada por cuatro meses . “Los dos (funcionarios del Sedes) fueron enviados a la cárcel por cuatro meses mientras duran las investigaciones”, dijo este domingo 16 de noviembre Alanoca a El Deber.
