El vicepresidente Edmand Lara indicó este viernes 14 de noviembre que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley para eliminar la Inspección Técnica Vehicular. Esta decisión se basa en la consideración de que este procedimiento se ha convertido en un mecanismo de extorsión contra la población.
El anuncio fue realizado a través de una publicación en su cuenta de TikTok, donde recordó que esta medida fue un compromiso asumido durante la campaña electoral.
Condiciones de los vehículos
Según la autoridad, el proceso de inspección no garantiza que los vehículos estén en condiciones óptimas. Afirmó que, en la práctica, el objetivo de los policías encargados del control parece ser obtener recursos mediante prácticas irregulares.
Lara calificó este accionar como parte de un esquema de corrupción que beneficia a altos mandos. En ese marco, adelantó que en los próximos días se convocará a sectores del transporte, organizaciones sociales e incluso a la propia Policía para trabajar en la elaboración del proyecto.
Reestructuración de la Policía
La propuesta se enmarca en el proceso de reestructuración interna de la institución policial, que el Gobierno considera una prioridad. Lara sostuvo que espera avanzar de forma acelerada en la preparación del documento legal para atender el reclamo ciudadano respecto a las irregularidades de la inspección.
Compromisos de campaña
Durante su campaña, Lara planteó el fin de este procedimiento y del cobro por el uso de garajes policiales. En esa ocasión, argumentó que existían múltiples denuncias de corrupción y señaló que el sistema de revisión era administrado por funcionarios sin formación mecánica.
Su propuesta incluía que los propietarios de vehículos pudieran obtener una certificación en talleres de su confianza para presentarla ante las autoridades cuando fuese necesario.
Eliminación de cobros
El vicepresidente también anunció la eliminación de las grapas utilizadas para inmovilizar vehículos y del cobro por el estacionamiento en instalaciones de Tránsito. Considera que estos espacios son bienes del Estado y deben estar al servicio de la población.
