El intento de Edmand Lara de usar el uniforme policial durante su posesión como vicepresidente no es un acto protocolar menor. Representa un desafío directo al alto mando de la Policía Boliviana y un pulso simbólico sobre la legitimidad institucional. Lara anunció “si quieren procesarme, háganlo”, repitiendo la frase tres veces en un video del 5 de noviembre, dirigiéndose al ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y al comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo Sandoval. Lara fue dado de baja definitiva el 1 de agosto de 2024 por “faltas graves”, según resolución del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional, ejecutada mediante el decreto 307/2024. La medida cerró 15 años de servicio activo.
Denuncias de corrupción
El exoficial sostiene que su retiro fue una represalia por denunciar actos de corrupción, incluyendo denuncias contra el coronel Jhonny Ortuño, jefe de registro de antecedentes en Tránsito, y la sargento Maribel Huayllani Silvestre de Diprove Santa Cruz. El Reglamento de Personal diferencia “servicio pasivo”, donde los retirados pueden usar uniforme con autorización del Comando General, de “baja definitiva”, que implica cese de derechos (Artículos 60, 62 y 72). Lara no pertenece a servicio pasivo.
Análisis experto
El analista Emilio Roda argumentó que se trata de un “acto simbólico” y que la normativa no lo prohíbe expresamente en la Constitución. Este contraste entre normativa interna y análisis experto destaca la complejidad legal y política del episodio. Roberto Ríos sostuvo que “no correspondería” el uso del uniforme porque Lara “salió de la Policía Boliviana por deserción”, pero delegó la decisión al departamento legal de la Policía. Dejó la autorización en manos de la cúpula encabezada por Augusto Russo Sandoval, nombrado comandante general el 14 de octubre de 2024.
Rechazo popular
Un sondeo de Brújula Digital refleja rechazo masivo al uso del uniforme: 92,9% en Facebook y 90,7% en Twitter. Expertos consultados —Vladimir Peña, Emilio Roda y Jorge Santistevan— consideran el gesto un acto simbólico sin implicaciones jurídicas. Lara afirmó “no voy a dirigir el tráfico vehicular, no voy a ejecutar órdenes de aprehensión” y que el uniforme será solo un “homenaje a la Policía Boliviana, una institución a la cual le debo mucho que no tiene la culpa de tener comandantes corruptos como el general Augusto Russo Sandoval”.
Conflicto inminente
El conflicto surge a poco de la posesión (8 de noviembre), obligando al gobierno saliente a una decisión apresurada y situando al nuevo gobierno en una posición de control simbólico sobre la Policía. La contradicción entre Emilio Roda —quien afirmó que la comisaría correspondiente había autorizado el uniforme— y Roberto Ríos —que dijo que la solicitud formal llegó recién el 5 de noviembre y seguía en análisis— evidencia la ambigüedad institucional que Lara podría explotar para consolidar su capital político.
Oportunidad política
Lara convierte la ausencia de normativa explícita en una oportunidad para desafiar la autoridad del alto mando, consolidando su narrativa de lucha anticorrupción. La reacción de la Policía determinará la fuerza simbólica del gesto: si se autoriza, el alto mando quedará debilitado; si se niega, Lara podría reafirmar su narrativa de persecución, sin consecuencias directas inmediatas. Escenarios condicionales incluyen la autorización formal del uniforme, la negativa administrativa o la utilización independiente de Lara, cada uno con implicaciones políticas distintas.
