La Comisión del Fondo Social del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha rechazado las afirmaciones sobre el pago de un bono extraordinario a los funcionarios de esa entidad. Aclaró que los recursos utilizados provienen del Fondo Social, de acuerdo con la normativa vigente.
Esta aclaración se produjo tras las declaraciones del vicepresidente electo, Edmand Lara, quien indicó que el Ministerio de Justicia habría realizado un pago anticipado de un bono de 1.000 bolivianos, supuestamente sin la debida justificación legal.
Aclaración oficial del ministerio
En un comunicado emitido, la Comisión del Fondo Social explicó que, conforme al Decreto Supremo Nº 27886, todas las instituciones públicas cuentan con un fondo que se forma a partir de multas, sanciones y atrasos administrativos. Estos recursos son propiedad de los trabajadores y son administrados por una comisión elegida democráticamente.
El uso de estos fondos se define en asambleas generales, donde se toman decisiones de manera colectiva. “Este fondo es administrado por una Comisión elegida por todos los servidores del Ministerio, y su uso se determina en Asambleas Generales, donde se decide de manera democrática el destino de los recursos que corresponden a los trabajadores”, señala el documento publicado el 31 de octubre de 2025.
Decisiones en asamblea
Además, la dependencia destacó que en la última asamblea, que tuvo lugar el 2 de octubre, participaron 220 funcionarios. En esta reunión, se resolvió por mayoría que la distribución de los recursos se llevaría a cabo a través de la Billetera Móvil “Consume lo nuestro – Hecho en Bolivia”. Esta medida busca fomentar el consumo de productos nacionales y apoyar a los microempresarios del país.
Uso legítimo de los fondos
La Comisión subrayó que no se trata de un bono extraordinario financiado con recursos del Tesoro General del Estado. En cambio, se trata de una distribución legítima de los fondos que pertenecen a los trabajadores del Ministerio, cumpliendo así con la normativa establecida.
