Tras la promulgación de la “Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Combustibles” por parte del Presidente Luis Arce, los diputados de oposición afirmaron que esta norma ayudará a mitigar la escasez de combustibles y garantizará la seguridad alimentaria. Por otro lado, los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron que esta medida podría provocar un aumento generalizado de precios.
El diputado de Creemos, Whalty Egüez, destacó que la ley responde a una emergencia nacional y busca evitar mayores daños a la producción agrícola. “No podíamos quedarnos con los brazos cruzados poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. (…) Ahora, con esta ley, los privados podrán importar diésel para evitar pérdidas en las cosechas”, señaló Egüez.
El legislador indicó que la norma ya está en vigencia y que su aplicación será inmediata. Explicó que se eliminaron requisitos burocráticos para acelerar la internación de combustibles por parte de privados.
Ante las preocupaciones sobre el posible aumento del precio del combustible, el parlamentario aclaró que en la ley corta se definieron límites en el costo, estableciendo que los precios oscilarán entre 9,50 y 11 bolivianos por litro, dependiendo del mercado internacional.
Perspectivas de Comunidad Ciudadana
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, aseguró que la norma no generará un gasolinazo y que, por el contrario, ayudará a descongestionar las filas en los surtidores. Además, consideró que sería conveniente ampliar la vigencia de dicha norma, ya que actualmente solo tiene un plazo de 3 meses.
Críticas del MAS
En contraposición, la diputada del MAS, Blanca López, junto al diputado Freddy López, criticaron la promulgación de la ley, argumentando que solo beneficiará a empresarios privados. López indicó que la norma presenta varios puntos ambiguos, con falta de especificaciones y claridad.
El diputado afirmó que esta ley generará un efecto multiplicador en la economía, explicando que, dado que el combustible costará más de lo que actualmente se comercializa, los productos también subirán, afectando el costo de vida. “Es un gasolinazo encubierto (…) (El nuevo Gobierno) tendrá que reglamentar esta ley y poner ciertas cláusulas para que realmente no hagan casa y cocina los empresarios”, sostuvo.
Expectativas del nuevo gobierno
Por su parte, la diputada del MAS, Olivia Guachalla, expresó que la nueva gestión de gobierno deberá asumir la administración del abastecimiento de carburantes. “Esperamos que las nuevas autoridades cumplan su promesa de normalizar el suministro desde el 9 de noviembre. (…) Lamentamos la mala administración de YPFB y la corrupción que afectó la economía del país”, dijo.
Acusaciones de traición
Desde el “androniquismo”, el diputado Hilarión Mamani atribuyó la crisis energética al Presidente, a quien acusó de haber “traicionado al pueblo” e intentar “privatizar los recursos naturales”. Llamó a los sectores sociales a mantenerse alertas frente a cualquier intento de “entregar los recursos del país al capital extranjero”.
La ley autoriza por 3 meses la importación de diésel y gasolina por parte de privados en Bolivia, como medida urgente ante la escasez energética. Esta norma fue impulsada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y promulgada por el Presidente el 27 de octubre de 2025.
La norma permite que personas naturales o jurídicas privadas puedan importar y comercializar combustibles en el mercado interno durante situaciones de emergencia.
