A cuatro años del violento secuestro y tortura de siete periodistas en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos (Santa Cruz), las víctimas continúan sin obtener justicia mientras que los agresores permanecen en libertad.
Este hecho, ocurrido el 28 de octubre de 2021, es considerado por las asociaciones de periodistas como un símbolo de la impunidad estructural que afecta el ejercicio del periodismo en Bolivia.
En un comunicado emitido conjuntamente, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), citando el informe Las Londras, recuerdan que la impunidad en este caso debilita la democracia.
“Cuando los agresores de periodistas no son sancionados, se consolida un efecto de censura y autocensura que debilita la democracia”, sostiene el comunicado.
El informe detalla que la caravana de comunicadores, policías y trabajadores agrícolas fue emboscada por un grupo armado y encapuchado. Los periodistas fueron retenidos por más de ocho horas, donde fueron golpeados, torturados y amenazados de muerte, además de sufrir la destrucción de sus equipos.
Cuatro años después, el proceso judicial está paralizado. Las organizaciones detallan la situación de los imputados: Tres de ellos se encuentran en rebeldía y otros dos enfrentan el juicio en libertad.
La causa fue suspendida tras un recurso que busca llevar el caso a la jurisdicción indígena, una acción que, según las víctimas, es una maniobra para revictimizar e intentar evadir la justicia ordinaria.
La ANPB y la APSC advierten que las dilaciones en el caso, los cambios “arbitrarios” de fiscales y la falta de debida diligencia demuestran una falla estructural del sistema judicial boliviano para garantizar justicia y protección a la prensa.
El comunicado subraya que esta impunidad “no solo afecta a las víctimas directas, sino que envía un mensaje de intimidación al conjunto del periodismo nacional”.
Finalmente, el informe insta al Estado boliviano a cumplir con sus obligaciones internacionales y adoptar medidas urgentes, entre ellas la reanudación inmediata del juicio oral, la creación de un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas como Defensores de Derechos Humanos y la implementación de políticas efectivas de reparación y no repetición.
El periodista Percy Suárez, víctima del ataque, reitera la exigencia de las víctimas: “Callar no es una opción cuando está en juego la libertad de prensa”.
