Ante el avasallamiento que ha ocurrido en la propiedad El Encanto, situada en la provincia cruceña de Guarayos, se trata de la cuarta vez que la familia afectada enfrenta esta situación. El abogado de la familia, Álvaro La Torre, ha solicitado a la Fiscalía que se encargue de este caso y de las organizaciones criminales que fomentan la ocupación ilegal de tierras.
“Queremos pedirle al Ministerio Público, señor Roger Mariaca (Fiscal General), así como se ocupa de los temas de violencia sexual, que es ponderable, de lo que es la política criminal respecto a avasallamientos y organizaciones criminales (la acción) es prácticamente nula. Entonces, por favor, sacúdase del yugo político”, expresó el jurista.
La Torre indicó que la Fiscalía de Guarayos se negó a recibir la denuncia de los propietarios de El Encanto, argumentando que debía ser presentada en Santa Cruz. Esto ha generado una gran aflicción en la familia afectada, que ha visto paralizadas sus labores agrícolas debido a esta situación, según lo reportado por Unitel.
Agresiones en el predio
Recientemente, los trabajadores del predio han denunciado agresiones y daños en el canal de drenaje del terreno, el cual fue bloqueado para facilitar el acceso del grupo irregular que se ha asentado en la zona.
Ante el aumento de avasallamientos, la Gobernación cruceña estableció una mesa interinstitucional en semanas pasadas, que incluye al Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía y la Policía. El resultado de esta mesa fue un compromiso de llevar a cabo una “lucha implacable, sin privilegios ni impunidad”.
Compromiso del sistema de justicia
“El sistema de justicia va a ser implacable. No va a haber reconocimiento de fueros ni privilegios”, advirtió el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ismael Quezada. Por su parte, el fiscal departamental Alberto Zeballos aseguró que “se aplicará todo el rigor de la ley” para detener la ocupación ilegal de tierras en Santa Cruz.
Reincidencia de los avasalladores
La familia recordó que este grupo ya había sido desalojado en 2023, pero ha vuelto a irrumpir en el lugar, incluso amenazando con tomar represalias. La Torre identificó a los presuntos cabecillas como Martín A., Felipe P. (alias el Tuco), Osmar P. y el asambleísta Cirilo D.
El abogado advirtió que “esta gente lucra con la aspiración de tener un predio” y que actúan con total impunidad.
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