La Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado la “Ley corta excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situación de emergencia”. Sin embargo, esta ley aún no ha sido promulgada por el Órgano Ejecutivo, ya que no se ha recibido formalmente el documento correspondiente. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, ha declarado que el Gobierno está preparado para promulgar la ley, que fue impulsada por el Comité pro Santa Cruz. Esta norma permitiría a sectores privados importar combustible directamente durante un periodo de 90 días.
Cusicanqui ha indicado que es necesario verificar si el Legislativo ya ha enviado el documento, ya que este es el primer paso para que el Presidente pueda promulgar la ley. Hasta el momento, no se ha realizado esta remisión, lo que requiere ser corroborado. La norma fue aprobada tanto en las cámaras de Diputados como en Senadores y tiene como objetivo facilitar que, durante 90 días, los sectores privados puedan importar combustible sin depender de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Demandas de los cívicos cruceños
Este domingo, los cívicos de Santa Cruz han reiterado su solicitud al Presidente Arce para que firme la norma. Sin la promulgación presidencial, la ley se encuentra en un limbo administrativo. A pesar de la urgencia de la situación, el ministro Cusicanqui ha advertido sobre la complejidad del tema.
El ministro recordó que los carburantes son un “tema muy sensible en estos momentos” y que la importación de combustible requiere una “compleja logística” que espera haya sido considerada en el diseño de la ley. Esta complejidad podría dificultar la pronta implementación de la norma.
Desafíos en el abastecimiento
Cusicanqui también agregó que, independientemente de si los trámites son realizados por YPFB o por el sector privado, estos procesos “no son rápidos” y requieren tiempo. Esto sugiere que la solución al desabastecimiento de combustible no será tan inmediata como la población espera.
La falta de promulgación de la ley podría tener un impacto negativo en el abastecimiento de combustible y generar tensiones sociales en un contexto donde se busca agilizar la llegada de camiones cisterna directamente a las estaciones de servicio.
