Bolivia se enfrenta a un grave problema con sus reservas de gas natural, que han disminuido a 4,49 trillones de pies cúbicos al finalizar 2023. Esta cifra representa una pérdida del 57% en la última década, según un informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Los expertos del sector advierten que, si no se toman medidas para revertir esta situación, el país podría convertirse en un importador neto de gas antes de 2028.
Razones del agotamiento
La principal razón detrás de este agotamiento es la falta de reposición efectiva de reservas. A pesar de que la economía del país ha dependido históricamente de la renta gasífera, la inversión promedio anual en exploración no ha superado los 400 millones de dólares. Esta cifra es considerada insuficiente para mantener el nivel de producción actual.
La producción anual de Bolivia se sitúa en apenas 0,41 TCF, lo que equivale al 10% de su base disponible. Esta situación ha llevado a que el expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Carlos Delius, califique la crisis como el “colapso del modelo energético”. Según Delius, esto es resultado de años de desinversión y decisiones políticas erróneas.
Fracasos en exploración
Existen ejemplos claros de fracasos en la exploración, como el pozo Boyuy-X2, que fue anunciado como un “mar de gas” pero resultó ser improductivo. Además, la declinación natural de campos maduros como Sábalo, San Alberto y Margarita ha contribuido a esta crisis energética.
Las exportaciones de gas, que en 2014 representaban el 50% de los ingresos del país, hoy apenas superan el 20%. Esta caída ha impactado negativamente en las reservas internacionales y ha generado una escasez estructural de divisas. El investigador Raúl Velásquez ha señalado que la producción se ha desplomado un 54% en la última década, lo que ha llevado a Bolivia a perder el mercado argentino y a reducir las ventas a Brasil en un 60%.
Perspectivas futuras
Los analistas advierten que, si la tendencia actual no se revierte, Bolivia no solo tendrá que importar gas natural a partir de 2028, sino que también necesitará gas licuado de petróleo (GLP) desde 2026. Esta situación podría implicar un costo mensual de alrededor de 100 millones de dólares que el Estado dejaría de percibir por exportaciones.
La exploración de nuevos yacimientos puede tardar entre 5 y 8 años. Por lo tanto, una crisis de abastecimiento de gas y GLP a corto plazo se considera inevitable. Las voces del sector están pidiendo la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que reforme el régimen fiscal y atraiga inversión privada. Esta medida es vista como una posible solución para revertir una crisis que se ha gestado mientras el país ha vivido de la renta sin reponer el recurso.
