El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó este viernes 17 de octubre que la venta anticipada de 3 toneladas de oro fue “exitosa”. Esta operación, según Rojas, ayudó a cubrir parte de las obligaciones externas del país y a fortalecer la economía nacional.
Rojas explicó que la operación se inició en abril y concluyó el 16 de octubre. Durante este período, se generaron más de 388 millones de dólares en divisas. Esta cantidad, según la autoridad, fue utilizada para el pago de la deuda externa y para facilitar la importación de diésel y gasolina.
“Hemos concluido exitosamente esta operación de venta futuro por 3 toneladas de oro. Nos hemos beneficiado por este incremento de precio, en estos últimos 6 meses por 118 millones de dólares gracias a las coberturas financieras”, indicó Rojas.
Transacciones conforme a la ley
El titular del BCB aclaró que todas estas transacciones se realizaron de acuerdo con la Ley 1503, que permite la compra y venta de oro para fortalecer las Reservas Internacionales. Aseguró que la entidad no registró pérdidas y que este mecanismo fue clave para mantener la estabilidad económica, evitando un posible incumplimiento de pagos por parte del Estado.
“Si nuestra economía ingresara en default, por un incumplimiento de pago de servicio de deuda, sería grave. Es un beneficio indirecto que se genera para la economía boliviana”, señaló Rojas.
Denuncia penal en su contra
En relación a la denuncia penal presentada en su contra y la del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, por la supuesta “venta anticipada de reservas de oro”, Rojas dijo que no tiene conocimiento del proceso. Sin embargo, afirmó que se defenderá si es convocado.
“En lo personal, Edwin Rojas, como tal, tiene creo el derecho también y la obligación de defenderse y en su caso demandar si es que existe un uso arbitrario de estos instrumentos jurídicos”, expresó.
Origen de la denuncia
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de La Paz por el presidente de Control Social del Comité Cívico de El Alto, Gregorio Gómez, y el abogado Kurmi Rocha. Ambos acusan a las autoridades de delitos como conducta antieconómica, peculado y uso indebido de influencias.
