Ante las críticas que ha recibido el Decreto Presidencial 5460, que otorga indultos parciales y totales a ciertos privados de libertad, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Freddy Mamani, defendió su aplicación el 17 de octubre. Mamani aseguró que esta medida busca aliviar el hacinamiento en las cárceles del país.
Mamani explicó que el decreto responde a una demanda social de los internos cuyos derechos han sido vulnerados. Afirmó que muchas personas están encarceladas sin pruebas suficientes y que esta norma beneficiará a más de 5,000 reclusos. “En las cárceles hay hermanos durmiendo en los pasillos, en condiciones inhumanas. Esto permitirá aliviar esa situación y reparar atropellos judiciales”, manifestó.
Detalles del decreto
La norma fue aprobada el 16 de octubre y concede indulto total a personas con penas de 10 años o menos que tengan sentencia ejecutoriada. Además, contempla reducciones para quienes cumplen condenas de hasta 15 años, dependiendo del tiempo que hayan estado en prisión. Sin embargo, el decreto excluye delitos graves como feminicidio, asesinato, trata de personas, corrupción o narcotráfico.
Críticas de la oposición
Parlamentarios de la oposición, especialmente del partido Comunidad Ciudadana (CC), han criticado el decreto. Alegan que podría beneficiar a personas condenadas por narcotráfico, a pesar de que el texto excluye delitos graves.
El diputado de CC, Carlos Alarcón, denunció que el decreto no incluye a los detenidos preventivos, que representan más del 67% de la población carcelaria. Por su parte, el diputado Alberto Astorga coincidió en que, a pesar de las exclusiones, el decreto podría ser utilizado de forma discrecional. “Nosotros rechazamos esta ley (en sesión) por las observaciones que existen, especialmente por el riesgo de beneficiar a personas observadas por narcotráfico. Aun así, fue aprobada por simple mayoría”, señaló.
Objetivo humanitario del gobierno
El Gobierno sostiene que el objetivo del decreto es humanitario y busca descongestionar las cárceles, donde más del 67% de los internos se encuentra con detención preventiva. Esta medida entrará en vigor una vez que sea promulgada por el Presidente Luis Arce.
