El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, ha solicitado a la Fiscalía de Yacuiba, en Tarija, la autorización para poder prestar su declaración en las oficinas del Ministerio Público ubicadas en Santa Cruz de la Sierra. Esta petición se basa en problemas de salud que le impiden trasladarse hasta Tarija.
Esta solicitud se presenta en un contexto complicado, ya que sobre Dorgathen pesa una orden de aprehensión que sigue vigente por el presunto delito de contrabando de exportación agravado de gas. Este caso está actualmente bajo la investigación de la Fiscalía de Yacuiba.
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, ha confirmado que la orden de aprehensión contra el presidente de la estatal petrolera sigue en pie. Esta información fue reportada por Red Uno.
Mariaca también indicó que Dorgathen había presentado una acción de libertad a través de terceras personas, pero esta fue rechazada por la justicia. “El mandamiento de aprehensión en su contra continúa vigente. Buscarlo y utilizar los mecanismos correspondientes para aprehenderlo es trabajo de la Policía”, afirmó Mariaca.
Alerta migratoria activada
Además, el Fiscal General confirmó que se ha activado una alerta migratoria contra Dorgathen. Sin embargo, aseguró que los informes indican que el presidente de YPFB permanece en el país, según lo informado por Unitel.
El pedido de Dorgathen para declarar en Santa Cruz fue presentado mediante un memorial ante el juez que investiga el caso conocido como “Botrading”.
Argumento de salud
El fiscal Yeison Plata, quien forma parte de la comisión encargada de la investigación, confirmó la solicitud de Dorgathen y el argumento de salud que ha presentado. “Señor juez, a los fines de evitar situaciones de indefensión y de persecución indebida, solicito respetuosamente se ordene que mi declaración sea presentada en la ciudad de Santa Cruz, lugar donde tengo mi domicilio real”, se puede leer en el memorial firmado por Dorgathen.
Denuncia pública
El caso contra Armin Dorgathen se hizo público el 9 de octubre, cuando se reveló la orden de aprehensión en su contra. La denuncia fue interpuesta por dos exfuncionarios de la Aduana, quienes acusaron una operación de exportación de gas sin la debida autorización.
