Parlamentarios de Creemos y del “evismo” expresaron su descontento este jueves 16 de octubre de 2025 por la aprobación del Decreto Supremo 5470, emitido por el Presidente Luis Arce. Este decreto instruye el pago de vacaciones acumuladas a los funcionarios públicos que han sido desvinculados del Estado.
El decreto fue aprobado el 8 de octubre y establece que las entidades públicas deben pagar, en un plazo máximo de 45 días, las vacaciones no utilizadas de aquellos funcionarios que hayan renunciado, sido destituidos o desvinculados debido al cierre institucional.
Además, la norma indica que el pago se realizará de manera automática, sin que sea necesaria una solicitud por parte del exservidor. Las entidades deberán financiar este gasto utilizando sus propios recursos o, en casos específicos, con el apoyo del Tesoro General de la Nación.
Críticas de Creemos
El diputado de Creemos, Walty Egüez, calificó esta disposición como una maniobra política que podría complicar la gestión del próximo gobierno. “Esta es una muestra más del daño que quieren hacerle a la nueva administración, dejando al Estado sin recursos. Quieren mantener la estructura corrupta que se ha beneficiado del poder durante 20 años”, afirmó Egüez.
El legislador sostuvo que la medida carece de justificación en un contexto de crisis económica y advirtió que podría servir como un mecanismo de protección para funcionarios afines al actual gobierno.
Reacciones del ala evismo
Desde el ala “evista” también se manifestaron críticas. El senador Leonardo Loza consideró que el decreto es inaceptable y que ningún servidor público debería recibir beneficios económicos al finalizar su mandato.
“No se puede creer que se otorguen vacaciones o pagos adicionales (…). Los servidores públicos debemos trabajar hasta el último día (…). No comparto en absoluto que existan vacaciones pagadas con dinero del Estado”, expresó Loza.
Modificaciones al aguinaldo
El Decreto Supremo 5470 también introduce un cambio en el calendario de pago del aguinaldo, fijando como fecha límite el 20 de diciembre de 2025. Según el Gobierno, esta medida busca regularizar beneficios laborales pendientes y garantizar el cumplimiento de derechos adquiridos.
No obstante, para los legisladores, esta norma podría generar presión adicional sobre las finanzas públicas y dejar obligaciones financieras al próximo gobierno.
