Marcelo Arce Mosqueira, quien está siendo investigado por la Fiscalía de Santa Cruz, ahora es buscado en 195 países. El Ministerio Público ha cuestionado la falta de aprehensión por parte de la Policía Boliviana y está solicitando su detención preventiva.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó este miércoles la notificación roja, conocida como “sello rojo”, para localizar y detener provisionalmente a Marcelo Arce, hijo del Presidente de Bolivia, Luis Arce. Esta medida fue solicitada por la Fiscalía de Santa Cruz, que investiga a Arce por presunta violencia familiar y doméstica.
Juan Carlos Bazoalto, director de Interpol en Bolivia, confirmó a Unitel que la central en Lyon, Francia, aceptó la solicitud presentada por el Ministerio Público boliviano.
“Se ha puesto en conocimiento de Lyon, Francia, la solicitud a la que hace referencia y ya tenemos la respuesta que fue emitida también y es de conocimiento de la Fiscalía General”, manifestó Bazoalto.
Imputación formal y detención
La fiscal Jessica Echeverría informó el martes que ya presentó la imputación formal contra Arce Mosqueira, solicitando la detención preventiva de 180 días para el investigado.
El caso se originó a partir de la denuncia de su expareja, quien sufrió agresiones que le causaron 12 días de impedimento.
“Estamos a la espera de que la juez nos ponga fecha y hora para presentarnos como Ministerio Público y exponer cada uno de los riesgos y argumentación de la imputación”, indicó Echeverría.
Críticas a la Policía Boliviana
La fiscal expresó su frustración y críticas hacia la Policía Boliviana por no haber logrado la aprehensión de Mosqueira a pesar de la orden de captura vigente.
“Siento que la Policía no hizo lo suficiente, pienso que, si hubiera sido otro ciudadano, hubiera procedido de otra manera”, señaló la fiscal, insinuando un posible trato diferencial.
Procedimiento de Interpol
Carlos Bazoalto explicó que su institución no actúa de oficio, sino que procede tras recibir una solicitud formal del Ministerio Público.
Aunque la víctima inicialmente desistió de la denuncia, la Fiscalía decidió mantener el proceso activo de manera oficiosa. Esta decisión se basa en la legislación que permite que los delitos de violencia hacia la mujer continúen independientemente de la voluntad de la persona agraviada.
