El juez 14 de instrucción penal, anticorrupción y violencia contra la mujer de La Paz ha declarado infundada la excepción de incompetencia por inhibitoria que fue presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Esto significa que Jeanine Áñez deberá ser procesada a través de un juicio de responsabilidades.
Áñez, a través de una publicación en redes sociales, confirmó esta decisión y afirmó ser “inocente de las barbaridades que tramaron para ponerme en su picota y exhibirme como trofeo de sus tropelías”, expresó.
Detalles del caso
La expresidente encarcelada también comentó que “el juez 14 de instrucción penal, anticorrupción y violencia contra la mujer de La Paz declaró infundada la excepción de incompetencia por inhibitoria interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo del régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) y Luis Arce. A través de esta acción, intentaban continuar otra patraña orquestada en mi contra: condenarme por el funcionamiento de la fundación sin fines de lucro que opera el Registro de Comercio de Bolivia (FUNDEMPRESA)”.
Además, Áñez añadió que “este fue otro de los 9 procesos judiciales que perpetraron para castigarme cobardemente por asumir la presidencia de Bolivia cuando ellos cometieron fraude, renunciaron y huyeron del país, dejando caos, confrontación y abandono de sus responsabilidades”.
Acusaciones contra Áñez
En este caso, se acusa a Áñez de haber ampliado, presuntamente de manera irregular, la concesión de Fundempresa para administrar las matrículas de comercio. Esto se realizó mediante el Decreto Supremo 4356 de 2020.
La denuncia fue presentada en la jurisdicción de juicio de responsabilidades, pero el Ministerio de Desarrollo Productivo solicitó que se trasladara a un proceso ordinario.
Decisiones judiciales a favor
De esta manera, Áñez continúa acumulando decisiones judiciales que le son favorables. La expresidente logró anular su detención preventiva en otros 3 casos, entre ellos por las llamadas “masacres” de Sacaba y Senkata, que ocurrieron durante su gobierno. En estos casos, la justicia determinó que debe ser procesada a través de un juicio de responsabilidades.
Las resoluciones judiciales se produjeron después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera a todos los tribunales del país a revisar los plazos de cumplimiento de las detenciones preventivas de Áñez, del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y del exlíder cívico potosino Marco Pumari.
Revisión de sentencia
El TSJ también aceptó un recurso de revisión presentado por Áñez para intentar anular su sentencia de 10 años de cárcel por el “caso Golpe II”.
En este último caso, Áñez, quien era la segunda vicepresidenta del Senado, fue condenada a 10 años de prisión por la forma en que asumió la presidencia en 2019, tras la renuncia del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y de las principales autoridades del legislativo. Esto ocurrió después de las denuncias de fraude electoral en las elecciones de ese año.
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