El asambleísta departamental de La Paz, Leopoldo Chui, denunció este jueves 2 de octubre que el gobernador Santos Quispe fue acusado en 2023 por el presunto delito de violación en contra de una funcionaria de la Gobernación, pero que el proceso fue rechazado por el Ministerio Público pese a que existían pruebas y testimonios que respaldaban la denuncia.
Chui aseguró que la víctima relató haber sido agredida sexualmente en varias oportunidades dentro de las instalaciones de la Gobernación, en ocasiones bajo amenazas con objetos punzocortantes y mediante el uso de la fuerza. De acuerdo con su declaración, el gobernador aparentemente la sometió tras golpearla y obligarla a mantener relaciones sexuales.
El legislador indicó que el expediente del caso contaba con más de 14 actuados, entre ellos informes psicológicos y físicos, además de declaraciones de al menos seis testigos que corroboraban los hechos denunciados. Sin embargo, el Ministerio Público rechazó la denuncia y archivó el proceso.
“El ministerio público y la justicia están así, a favor y a merced del señor Santos Quispe. (…) Todo este proceso, que sepa el pueblo boliviano, ha sido rechazado por la justicia”, reclamó Chui.
El asambleísta también afirmó que la víctima abandonó el país por temor a represalias, luego de que el propio Quispe iniciara procesos judiciales en su contra. “El señor Santos Quispe se ha convertido ahora en víctima de la víctima. Santos Quispe ha iniciado procesos contra la víctima y la señorita por miedo e intimidación a los procesos del señor Santos Quispe ha salido del país”, dijo.
Según Chui, este hecho refleja un patrón de manipulación institucional y abuso de poder dentro de la administración departamental. “Estos hechos no son aislados, porque hay una infinidad de conductas, de golpes, de manoseo, de fuerza e intimidación que ha utilizado el señor Santos Quispe”, sostuvo.
El legislador pidió que la próxima gestión departamental impulse una auditoría exhaustiva sobre la administración de Quispe, no solo por este caso, sino también por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y otros delitos que se cometieron durante su gestión.
Mientras tanto, un grupo de ciudadanos protestó frente a la Gobernación de La Paz lanzando latas de cerveza en rechazo al gobernador, y como simbolismo de que la autoridad paceña representa violación e inmoralidad.
Hasta el cierre de esta edición, Quispe no se pronunció sobre las acusaciones. El Ministerio Público tampoco emitió un informe oficial sobre las razones del rechazo del proceso.
