Los diputados de oposición Enrique Urquidi y Carlos Alarcón solicitaron este miércoles 1 de octubre de 2025, con carácter de urgencia, una audiencia al fiscal departamental de La Paz y a la comisión de fiscales que está a cargo del caso Botrading. Esta solicitud se realiza con el objetivo de presentar formalmente los hallazgos del informe que fue aprobado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. La exigencia surge tras identificarse un aparente sobreprecio de 5 millones de dólares en una adjudicación de combustibles.
Desde la sede legislativa, los diputados Urquidi y Alarcón pidieron una reunión inmediata con la Fiscalía Departamental de La Paz. En esta reunión, desean exponer los resultados de la investigación que fue realizada por una comisión especial sobre el caso Botrading. Este informe, que fue elaborado durante 60 días, detalla presuntas irregularidades en la compra de combustibles por parte del Estado y fue aprobado por mayoría absoluta en el pleno de la Cámara Baja.
Denuncias sobre irregularidades
El diputado Carlos Alarcón denunció que en una de las contrataciones investigadas se adjudicó la provisión de combustibles a la empresa Botrading con un sobreprecio de 5 millones de dólares. Esto ocurrió a pesar de que existían ofertas más económicas de otras firmas, como XTalk e Import Export. La autorización de esta contratación lleva la firma de una exgerente de YPFB, quien hasta el momento no enfrenta medidas similares a otros implicados que tienen montos significativamente menores.
“No puede ser que se disponga detención preventiva por un daño de 117.000 dólares y que, en este caso, con un sobreprecio de 5 millones de dólares claramente documentado, no se aplique la misma rigurosidad. Eso demuestra un doble rasero y una falta total de proporcionalidad en la actuación del Ministerio Público”, cuestionó Alarcón.
Preocupaciones sobre la empresa Botrading
El legislador también expresó su preocupación por la continuidad de las operaciones entre YPFB y la empresa Botrading, a pesar de las evidencias de daño económico. Exigió la inmediata disolución de la sociedad en Paraguay, la destitución de los responsables y la suspensión de cualquier contrato vigente con la firma. “El propio presidente de YPFB debería ser removido por su inacción. Callar frente a este escándalo lo vincula con la red de encubrimiento”, afirmó.
Responsabilidad del Ministerio Público
En la misma línea, el diputado Urquidi reiteró que el informe legislativo fue aprobado con el mandato de ser remitido tanto a la Contraloría como a la Fiscalía. Sin embargo, subrayó que la responsabilidad penal recae exclusivamente en esta última. Denunció que sectores oficialistas intentaron bloquear el envío del informe al Ministerio Público para frenar las investigaciones.
“El informe está respaldado por documentación sólida. No se puede permitir que el oficialismo siga protegiendo a los verdaderos responsables. La Fiscalía debe actuar con independencia, sin presiones políticas, y llevar este caso hasta las últimas consecuencias”, afirmó Urquidi.
Un patrón estructural de corrupción
Ambos diputados señalaron que la gravedad del caso no se limita a un hecho puntual de corrupción, sino que refleja un patrón estructural que ha afectado directamente al pueblo boliviano. Esto se manifiesta en la escasez de combustibles, sobreprecios y el deterioro de la economía nacional. “Estamos ante una megacorrupción que ha dejado al país sin gasolina, sin gas y sin respuestas. El pueblo está cansado y exige justicia”, subrayó Alarcón.
Llamado al nuevo gobierno
Finalmente, ambos legisladores hicieron un llamado al nuevo gobierno —al que consideran inminente— para que impulse auditorías profundas sobre los últimos 20 años de gestión estatal. “El próximo gobierno tendrá la dura tarea de escarbar entre las ruinas que deja esta corrupción desbordada y ofrecer justicia real a los bolivianos”, concluyó Urquidi.
