La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia iniciaron el trámite de extradición de Juan José Sant’Anna Trinidad. El exsacerdote salesiano fue detenido en Uruguay tras permanecer prófugo durante 17 años por presuntos delitos de abuso sexual contra menores. La captura se concretó gracias a una notificación roja de Interpol, válida en 196 países, y permitió a las autoridades localizarlo en la vivienda de sus padres.
El gobierno uruguayo otorgó un plazo de 40 días para que Bolivia presente la solicitud formal de extradición y cumpla con todos los pasos legales establecidos. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que el proceso recién se ha activado y que el objetivo es asegurar que Sant’Anna comparezca ante la justicia boliviana una vez completados los trámites.
“Se está dando cumplimiento al procedimiento conforme a la normativa vigente, para que esta persona comparezca ante la justicia boliviana y se determine su responsabilidad penal”, declaró Mariaca.
La autoridad además aclaró que algunos aspectos del traslado dependen de instancias externas al Ministerio Público, aunque la institución continuará brindando su acompañamiento durante todo el proceso.
El exsacerdote fue localizado en la vivienda de sus padres en Uruguay gracias a la alerta internacional de Interpol. Las autoridades bolivianas esperan que, una vez formalizada la solicitud, pueda ser trasladado al país para responder ante la justicia.
Entre 2005 y 2007, Sant’Anna estaba a cargo de la sección masculina de un internado salesiano en Tapacarí, Cochabamba. En ese periodo convivían más de 70 niños quechuas de entre 8 y 17 años, y según las investigaciones, más de 30 habrían sido víctimas de agresiones sexuales.
Las primeras denuncias sobre los abusos aparentemente fueron presentadas durante su gestión y comunicadas al entonces arzobispo Tito Solari. Además, varios testigos ya prestaron declaración, fortaleciendo la investigación.
Con la activación del proceso de extradición, Bolivia da inicio a los pasos legales para que Sant’Anna responda finalmente por los delitos que se le atribuyen, poniendo fin a un largo periodo de impunidad.
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