El diputado Carlos Alarcón, quien forma parte de la Comisión Especial de Investigación del caso Botrading, denunció este lunes 29 de septiembre de 2025 en La Paz un esquema de corrupción de alto nivel. Según Alarcón, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) utilizó la empresa ficticia Botrading para adjudicar directamente contratos por más de 776 millones de dólares con proveedores internacionales, eludiendo los procesos competitivos.
Alarcón explicó que desde el 9 de febrero de 2023, YPFB otorgó contratos millonarios para el suministro de diésel, gasolina y petróleo crudo a Botrading. Esta sociedad comercial estaba registrada en Paraguay y, al momento de la adjudicación, no contaba con ni un solo dólar para cumplir con las compras. Las operaciones involucraron a cuatro proveedores: Panamerican Energy y Panamerica Sur en Argentina, Corporación Primax en Perú y Atemps en Brasil.
YPFB como comprador real
El diputado aclaró que Botrading no actuó como una entidad independiente, sino como un “disfraz” o “cascarón vacío” de YPFB para llevar a cabo negocios directos sin necesidad de licitación. “La realidad es que el comprador real no era Botrading, sino YPFB. Los pagos fueron realizados por el Banco Central de Bolivia a cuentas en Nueva York y Brasil”, afirmó.
Falta de transparencia en licitaciones
Alarcón cuestionó por qué YPFB evitó realizar licitaciones abiertas que podrían haber convocado a más de 400 proveedores. En cambio, canalizó las contrataciones a través de Botrading. “¿Por qué no se invitó a estas cuatro empresas a competir si se suponía que los procesos eran transparentes?”, se preguntó.
Ganancias ocultas y sobreprecios
El legislador denunció que YPFB omitió deliberadamente reportar las ganancias obtenidas por estas empresas internacionales a partir de los contratos. Solo se presentó el margen de utilidad de Botrading, que fue calculado en 56 millones de dólares. “YPFB pagó doble: ganancias a Botrading y a las empresas proveedoras, pero solo reportó una”, afirmó.
Además, explicó que de las 12 contrataciones oficiales, que en realidad serían 13 según documentos en poder de la Comisión, Botrading se benefició de manera sistemática. En algunos casos, fue el único postor, a pesar de que YPFB afirmaba haber invitado a cientos de empresas.
Pagos ilegales y distorsiones
Alarcón reveló que incluso existen pagos que no fueron realizados por YPFB Corporación, sino por YPFB Refinación, que es accionista de Botrading. Esto lo calificó como “otra ilegalidad más” y “una distorsión institucional inadmisible”. Entre los documentos analizados, se identificaron casos en los que Botrading recibió pagos por contratos anulados, justificando estos pagos con otros acuerdos vigentes.
Un ejemplo de esto fue una adjudicación de diésel por 133 millones de dólares que terminó pagándose parcialmente a través de un contrato de petróleo crudo.
Esquema de corrupción estructurada
El diputado acusó a YPFB de haber montado un esquema que no solo incurrió en sobreprecios, sino que también fue una estrategia deliberada para evadir controles y beneficiar a intereses particulares. “Aquí ha habido una organización criminal estructurada desde YPFB. Usaron una empresa sin capacidad financiera, técnica ni operativa para administrar contratos que superan los 776 millones de dólares. Eso, en sí mismo, ya es un delito”, sostuvo.
Críticas al gobierno y a YPFB
Alarcón criticó duramente al Gobierno, al Ministerio de Hidrocarburos, al presidente de YPFB y a los gerentes involucrados, asegurando que hasta la fecha no se han tomado medidas para frenar el esquema. “Le siguen dando contratos a Botrading. Y lo más grave: el señor Dorgathen tiene la osadía de amenazar al próximo gobierno diciendo que sin Botrading no habrá diez heligasolinas en el país”, denunció.
También apuntó al presidente Luis Arce Catacora por haber nombrado a Omar Alarcón Saigua, quien estuvo vinculado con Botrading, como presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) al día siguiente de su salida de la empresa. “Todo esto sugiere una protección política a los responsables del caso”, añadió.
Urgencia en la investigación penal
El legislador sostuvo que el Ministerio Público debe actuar con urgencia en la investigación penal, preservar los bienes de los involucrados y detener la continuidad de contratos con Botrading. También recordó que, según la resolución de la Cámara de Diputados, el informe fue remitido al Ministerio Público, a la Contraloría General del Estado y a la Presidencia.
Conflicto de intereses evidente
Al ser consultado sobre la legalidad del autocontrato de servicios legales a cargo de Sandra Otazú, prestanombre paraguaya y accionista formal de Botrading, Alarcón fue contundente: “Es totalmente ilegal. Hay un conflicto de intereses evidente. Constituir una sociedad sin capacidad financiera ni operativa para manejar estos montos ya es un delito, en Bolivia y en cualquier parte del mundo”.
Modelo de corrupción estructural
Finalmente, subrayó que la responsabilidad no solo recae en ejecutivos de YPFB, sino también en autoridades de gobierno y funcionarios que continúan encubriendo la operación. “Lo que hay aquí es un modelo de corrupción estructural. Y el uso de una empresa fantasma como Botrading no solo fue el vehículo, sino la evidencia misma del delito”, concluyó.
