El Ministerio Público anunció la ampliación por los presuntos delitos de uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias a la investigación iniciada por homicidio culposo y lesiones culposas tras lo ocurrido en el Saracho Fest, que dejó como saldo la muerte de una joven de 18 años y su prima en terapia intensiva en el Hospital Obrero.
Aldo Morales, fiscal departamental de Oruro, sostuvo que la ampliación de investigación por el delito de uso indebido de bienes del Estado se debe a que el colegio no está diseñado para albergar conjuntos o fiestas y su labor es netamente educativa.
“La investigación recién está empezando, no ha concluido. Tenemos documentación que ha sido colectada sobre la participación de otros profesores, como también de padres de familia, quienes habrían organizado la fiesta”, expresó Morales.
Agregó que ya tienen la denuncia del alcalde de Oruro por tráfico de influencias contra un funcionario municipal, quien será llamado a declarar respecto al permiso que emitió obviando presuntamente algunos procedimientos.
En este caso, más de una decena de personas, entre padres de familia, profesores y funcionarios municipales, serán citadas a declarar ante el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones en curso.
El hecho ocurrió el 21 de septiembre en instalaciones del colegio Saracho ante la gran afluencia de personas para festejar el día del estudiante. Durante el evento hubo dos “avalanchas humanas” que provocaron la muerte de una joven de 18 años y que su prima de 16 resultará gravemente herida e internada en terapia intensiva del Hospital Obrero.
La directora del colegio y el cantante Percy Ríos de Sangre Cumbiera fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
El Juzgado de Instrucción Cautelar Nº 4 de Oruro determinó la libertad de los dos investigados con medidas cautelares, entre ellas arraigo, fianza económica de 5.000 bolivianos y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. En el caso de la directora, el juez dispuso además detención domiciliaria con derecho a trabajo.
