El diputado Alejandro Reyes presentó el 12 de septiembre una minuta de comunicación dirigida al Fiscal General del Estado. En esta minuta, solicita el arraigo y la emisión de alertas migratorias para 9 altas autoridades que están vinculadas a presuntos hechos de corrupción en sectores clave como hidrocarburos, fondos estatales y empresas públicas. El legislador advirtió que muchas de estas figuras estarían intentando salir del país para evadir la justicia.
Desde la Asamblea Legislativa, el diputado Alejandro Reyes alertó sobre una posible fuga masiva de exautoridades y funcionarios actuales que están involucrados en presuntos actos de corrupción. En este contexto, exigió a la Fiscalía que actúe con rapidez y emita medidas preventivas, como el arraigo y la alerta migratoria, para evitar que “todas estas ratas que están queriendo escapar del barco” evadan sus responsabilidades ante la justicia.
Funcionarios implicados
La solicitud presentada por Reyes el 12 de septiembre incluye a 9 funcionarios y exfuncionarios: Raúl Mayta, exviceministro de Exploración en Hidrocarburos; Germán Jiménez, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); Jaime Durán, exdirector de la Gestora Pública; Franklin Flores, exgerente de Emapa; Omar Alarcón, expresidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB); Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos; Luis Siles, viceministro de Políticas de Industrialización; y Vidal Coria, director general del Fondo Pro Bolivia.
“Estos ciudadanos deben quedarse en el país y rendir cuentas. Muchos están implicados en posibles actos de corrupción que hoy ya son de conocimiento del Fiscal General. No se puede seguir demorando estas acciones”, declaró Reyes.
Acciones institucionales en marcha
El diputado señaló que su pedido se realiza inicialmente a título personal, pero adelantó que la bancada está trabajando en una serie de acciones institucionales contra estas autoridades, tanto del actual gobierno de Luis Arce como del anterior, liderado por Evo Morales.
Reyes enfatizó en los presuntos manejos irregulares en YPFB, el Fondo Pro y el caso Botrading, que reflejarían, según sus palabras, “la punta del iceberg de una estructura de corrupción estatal en los últimos 20 años”. También denunció que el decreto vigente sobre la mezcla de combustibles con alcohol ha deteriorado el parque automotor boliviano y ha afectado directamente la economía de las familias.
Responsables del mal manejo
“El responsable del mal manejo del combustible es Armin Dorgathen, junto con Germán Jiménez. Han permitido que se estire el combustible con alcohol. Por eso, también pedimos que Dorgathen sea arraigado y enfrente la justicia”, subrayó.
Respecto al caso Botrading, Reyes indicó que, aunque la Fiscalía emitió alertas migratorias en ese proceso, no se han conocido con claridad los nombres de los involucrados. Insistió en que tanto Dorgathen como el ministro de Hidrocarburos deben ser incluidos en dichas medidas por ser “las cabezas visibles del desastre energético actual”.
Críticas a la Contraloría General
Consultado sobre la situación de la Contraloría General, Reyes criticó la figura de los interinatos. “La Contralora actual, al igual que Dorgathen, es interina. Responden a quien los puso, es decir, al presidente Arce. Por eso, lo que diga la Contraloría hoy no tiene peso. En el próximo gobierno se revisarán cuenta por cuenta las finanzas del Estado”, afirmó.
Vínculos con el crimen organizado
En relación con el exviceministro Felipe Cáceres, Reyes lo vinculó con estructuras de crimen organizado, señalando que “fue hombre de confianza de Evo Morales en la lucha antidrogas, pero en realidad estarían ligados al narcotráfico”. En ese sentido, planteó que Bolivia debe consultar si existe un pedido internacional de extradición contra Cáceres.
