Ante la aprehensión de Ludwig Abrahán Sánchez Mier, el denunciante del caso Botrading, legisladores de oposición calificaron este miércoles 17 de septiembre de 2025 como una clara muestra de la fragilidad del sistema judicial en Bolivia. Además, consideraron que esta situación representa un acto de amedrentamiento hacia quienes se atreven a denunciar hechos de corrupción.
El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, expresó que la aprehensión de Sánchez es una “vergüenza extrema”. Acusó a los directivos de YPFB de ejercer presión e intimidación en lugar de responder ante la justicia.
“Aquí los que denuncian la grosera corrupción resultan detenidos y los involucrados con indicios claros de malos manejos siguen libres. Es el mundo al revés”, afirmó Alarcón. Recordó que un informe aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados encontró indicios de irregularidades en la empresa Botrading, que es subsidiaria de YPFB. Esto obliga al Ministerio Público a abrir procesos formales.
Indefensión de los denunciantes
En la misma línea, el senador de Creemos, Henrry Montero, lamentó que quienes denuncian casos de corrupción queden en una situación de indefensión. “Eso demuestra que la justicia no ha cambiado. Se necesita que actúe de acuerdo a derecho, con objetividad y debido proceso”, manifestó Montero.
Detalles del caso Botrading
El caso Botrading, que fue revelado a inicios de 2025, es uno de los escándalos más grandes de la estatal petrolera. Botrading S.A., constituida en Paraguay como intermediaria en la importación de combustibles, firmó contratos por 661 millones de dólares. Sin embargo, YPFB terminó pagando 828 millones, lo que representa un sobreprecio de 166 millones de dólares.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó este caso identificó posibles delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, falsedad ideológica y tratos privilegiados.
Aprehensión de Ludwig Sánchez
Sánchez había denunciado el caso en varias ocasiones. Fue aprehendido el martes 16 de septiembre en Cochabamba. Según YPFB, el denunciante no era funcionario ni ingeniero, sino un estudiante que supuestamente usó logotipos oficiales para ofrecer cargos falsos.
Además, Sánchez tenía una orden de captura desde junio por presunta estafa. Sin embargo, su detención en presencia de su hija menor generó cuestionamientos sobre el procedimiento policial y reforzó las acusaciones de que se trata de una represalia.
Investigaciones en curso
En la actualidad, el Ministerio Público investiga a al menos 10 personas vinculadas a YPFB y a la representación legal de Botrading en Paraguay. Desde la oposición, también se ha propuesto la apertura de un juicio de responsabilidades contra el Presidente Luis Arce por presunta complicidad o negligencia.
Los legisladores coincidieron en que el caso evidencia un sistema judicial debilitado que, en lugar de garantizar procesos contra los responsables de corrupción, termina sancionando a quienes se atreven a denunciar.
