La Cámara de Diputados aprobó el informe final de la comisión especial que investigó las irregularidades en el suministro de combustibles por parte de la subsidiaria Botrading a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la madrugada del viernes 12 de septiembre de 2025. Este documento será enviado al Presidente Luis Arce y a la Fiscalía, que ya está investigando el caso.
El diputado José Maldonado, de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que el informe sobre el caso Botrading debe incluir a todos los involucrados. Además, advirtió que la falta de denuncia por parte del presidente podría interpretarse como complicidad. En este sentido, Maldonado señaló que el informe será remitido a la Fiscalía y a la Contraloría para que determinen responsabilidades.
Preocupaciones sobre la empresa
En relación a Botrading, el diputado indicó que “esa empresa solamente compone 3 personas, 3 personas que no tienen ni oficina propia”, lo cual genera preocupación sobre la situación de corrupción. Esta afirmación resalta la fragilidad de la estructura de la empresa y su capacidad para operar de manera transparente.
Próximos pasos del informe
En cuanto al futuro del informe, se espera que pase primero por la Contraloría antes de llegar a la Fiscalía. “La Contraloría tiene que dar su punto de vista”, afirmó Maldonado. La entrega oficial del documento se realizará a las instancias correspondientes para determinar si se recomienda algún tipo de arraigo para las autoridades involucradas.
Esperando recomendaciones
Finalmente, el diputado subrayó que están esperando recomendaciones sobre cómo proceder con los implicados. La investigación ha concluido y ahora corresponde a las instancias pertinentes tomar decisiones basadas en las evidencias presentadas en el informe.
Denuncias iniciales
La investigación se abrió ante denuncias que indicaban que la subsidiaria estaría siendo beneficiada por YPFB con contratos para la importación de combustibles. Botrading, una empresa constituida en Paraguay cuya matriz era YPFB Refinación, intermedió en la compra de combustibles, con un millonario sobreprecio, según una denuncia del diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), realizada en abril.
