El Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Anticorrupción de La Paz ha dictado una condena de 8 años de prisión al exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada. Esta decisión se debe a su participación en la gestión irregular de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2020, el cual fue autorizado sin el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La pena deberá cumplirse en el penal de San Pedro de La Paz.
El proceso judicial fue impulsado por el Ministerio Público, a raíz de una denuncia presentada por el Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, así como la Procuraduría General del Estado.
Otros condenados en el caso
En la misma resolución, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, quien fue presidente del BCB, recibió una condena de 5 años de cárcel. Por su parte, Walter Erik Guzmán Tordoya fue sentenciado a 1 año de reclusión. Ambos fueron declarados en rebeldía durante el proceso. En contraste, Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, José Gabriel Espinoza Yáñez y Erwin Walter Morales Carrasco fueron absueltos de responsabilidad penal.
Delitos imputados
Los delitos que se les atribuyen en este caso incluyen resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta económica antieconómica. Estos delitos están contemplados en los artículos 153, 154, 221 y 224 del Código Penal.
Según la acusación, el 10 de abril de 2020, Parada y Aponte firmaron la carta de intención MEFP/DM/JG-0683/2020 para acceder al Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI. Este instrumento equivalía a 240.1 millones de Derechos Especiales de Giro, que son aproximadamente 24 millones de dólares, y se solicitó bajo el argumento de cubrir la emergencia fiscal y sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19.
Irregularidades en el proceso
El 20 de abril de 2020 se firmó un memorando de entendimiento y un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Economía y el BCB para hacer viable esta operación financiera. Sin embargo, esto ocurrió sin contar con la autorización del órgano legislativo, lo que contraviene el marco legal vigente.
La Procuraduría General del Estado ha destacado que esta sentencia establece un precedente en la defensa de los intereses nacionales. “Esta sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, afirmó su representante, Ricardo Condori.
