El ciudadano brasileño Sérgio Luiz de Freitas Filho, reconocido como el principal líder del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), ha estado viviendo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante más de 10 años. Lo ha hecho utilizando una identidad falsa, según una investigación que fue divulgada por la red Globo de Brasil.
La investigación periodística, que incluye imágenes y un video, revela el estilo de vida lujoso que lleva Freitas Filho en territorio boliviano. Las imágenes indican que el cabecilla del PCC estaría operando desde áreas específicas de Santa Cruz, donde se ha rodeado de estrictas medidas de seguridad, como muros altos y propiedades de gran valor. Se sospecha que es dueño de restaurantes y centros nocturnos, que presuntamente utiliza para actividades de lavado de dinero.
Identidad falsa y mansiones
Sérgio Luiz de Freitas Filho, considerado el número uno del PCC —la organización criminal más grande y estructurada de Brasil—, habría residido en al menos 6 mansiones en Bolivia sin levantar sospechas. Esto ha sido posible gracias a una identidad boliviana falsificada que le permitió establecerse legalmente y operar con aparente normalidad en el país.
Presencia del PCC en Bolivia
La criminóloga Gabriela Reyes, en una entrevista con Red Uno, afirmó que la presencia del PCC en Bolivia es evidente y ha existido durante mucho tiempo. Según la experta, este grupo no solo envía emisarios, sino que también ha trasladado a figuras de alto nivel dentro de su estructura criminal. “Hoy por hoy, el PCC ha convertido a Bolivia, especialmente a Santa Cruz, en un centro logístico”, aseguró.
Redes de protección y corrupción
Reyes recordó que en junio de 2025, un fiscal brasileño especializado en crimen organizado reveló que en Bolivia hay más de 146 miembros del PCC. En este contexto, Freitas Filho ocupa un lugar en el organigrama de la organización al mismo nivel que Tuta, ambos bajo la estructura denominada “sintonía final”, que está por debajo de la “sintonía final general”.
Falta de controles en Bolivia
La criminóloga cuestionó la falta de controles por parte de las autoridades bolivianas y señaló que las oficinas de Migración, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y la Interpol deben aclarar la legalidad de la documentación y los permisos otorgados al ciudadano brasileño. También advirtió que este tipo de casos pone de manifiesto posibles redes de protección y niveles de corrupción que habrían facilitado su presencia en el país sin investigaciones activas en su contra.
La difusión del reportaje ha reavivado el debate sobre la infiltración de organizaciones criminales transnacionales en Bolivia y el papel que juegan las instituciones nacionales en la prevención y el control de estos delitos.
