El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha decidido ampliar sus sesiones para la próxima semana, dedicando un día adicional al juicio por el presunto intento de golpe de Estado que se atribuye al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus allegados.
El tribunal se enfocará en las responsabilidades penales de los acusados, quienes enfrentan cargos relacionados con la tentativa de golpe de Estado y otros delitos. Las audiencias están programadas para el 9 de septiembre de 2025.
Inicialmente, el calendario contemplaba audiencias los días martes, miércoles y viernes. Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes solicitó una jornada extra que fue aprobada por el presidente del tribunal, Cristiano Zanin. Con este cambio, también se llevarán a cabo procedimientos el jueves.
Cargos y acusaciones
Los procesados enfrentan acusaciones por tentativa de golpe de Estado, participación en organización criminal, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático y daños contra bienes públicos.
Durante la fase previa del juicio, la fiscalía presentó como evidencia notas manuscritas, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo. Por su parte, los abogados defensores argumentaron que no se llevó a cabo ninguna acción relacionada con un golpe.
Etapa de veredicto y sentencia
La etapa de veredicto y sentencia del proceso está programada para reanudarse el martes 9 de septiembre a las 9:00 horas. Este panel está compuesto por cinco magistrados, y se requiere una mayoría simple de 3 votos para dictar una sentencia condenatoria.
Los cargos contra Bolsonaro incluyen intento de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada y dos imputaciones de destrucción de propiedad estatal. La pena máxima por intento de golpe de Estado puede llegar hasta 12 años de prisión.
Prohibiciones y consecuencias
El máximo tribunal electoral ya había prohibido previamente a Bolsonaro presentarse a cargos electivos hasta 2030 por abuso de poder y por difundir dudas sobre el sistema electoral brasileño.
El actual proceso judicial puede conllevar sentencias de hasta 40 años para los acusados, incluyendo los delitos de asociación ilícita y daños al patrimonio público. Este caso se desarrolla tras los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando miles de manifestantes asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
Plan del complot
La acusación sostiene que el complot contemplaba incluso un plan para asesinar al presidente Lula da Silva y a otras autoridades.
Bolsonaro se encuentra bajo prisión domiciliaria desde agosto, tras haber incumplido medidas cautelares dictadas por el juez De Moraes. En el ámbito internacional, el presidente Donald Trump calificó el proceso brasileño como una “caza de brujas” contra un aliado político.
Reacciones internas
El gobierno estadounidense ha impuesto aranceles del 50% sobre productos brasileños y ha aplicado sanciones a varios jueces del STF.
En el plano interno, el presidente Lula da Silva ha pedido la movilización popular contra un proyecto de ley que busca amnistiar a los implicados en el intento de golpe.
Lula declaró: “Si se vota en el Congreso, corremos el riesgo de una amnistía”. Este proyecto fue presentado por la oposición liderada por el Partido Liberal (PL) e incluye indultos para condenados por los eventos del 8 de enero, entre ellos Bolsonaro y otros organizadores.
