La defensa de los acusados en el caso del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha solicitado que el proceso judicial sea declarado improcedente en la vía penal. Además, piden que sean juzgados mediante un juicio de responsabilidades, según un informe enviado a Unitel.
Este informe argumenta que la devolución anticipada del préstamo realizada por el gobierno de Luis Arce, a pesar de contar con respaldo legislativo, generó un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 24 millones de dólares. Esta situación apunta específicamente al Banco Central de Bolivia (BCB).
Declaraciones del presidente del TSJ
El equipo jurídico que defiende a los acusados emitió este informe en un contexto en el que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, manifestó que “en Bolivia no habrá ningún perseguido”. Además, aseguró que el Órgano Judicial “no será un instrumento de persecución ni de derecha ni de izquierda” y pidió un análisis de los plazos procesales de los detenidos preventivos.
Argumentos de la defensa
El documento legal de los acusados en el caso FMI menciona que “este juicio no tiene base jurídica para llevarse a cabo”. Esto se refiere a una sentencia constitucional de 2024 que ratificó que la vía adecuada sería la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la acusación fiscal sostiene que el gobierno de Jeanine Áñez incurrió en la contratación de deuda sin autorización previa del Legislativo.
La defensa rechaza esta acusación basándose en dos leyes aprobadas antes del acuerdo con el FMI. La Ley 1267 del Presupuesto General del Estado 2020 autorizaba explícitamente la contratación de deuda externa por hasta 1.500 millones de dólares. Por otro lado, la Ley 1293 de abril de 2020 dio luz verde para el uso de créditos y donaciones para la atención gratuita del Covid-19.
Informes del BCB
La acusación fiscal fundamenta parte de su posición en informes emitidos por el BCB en febrero de 2021. Estos informes recomendaban evaluar la devolución anticipada del IFR para evitar un “mayor costo por variaciones cambiarias” y “restablecer la soberanía económica”. Con base en esos documentos, el BCB procedió con la devolución del préstamo.
La defensa cuestiona esa decisión y presenta cálculos oficiales basados en registros del FMI. Estos cálculos muestran que, si se hubiera mantenido el cronograma original de pagos hasta 2025, el Estado podría haber llegado a ahorrar cerca de 18,8 millones de dólares debido a la devaluación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) respecto al dólar. Además, se habrían ahorrado 4,7 millones de dólares por intereses y comisiones.
Conclusiones de la defensa
“Se demuestra que no se cumplió con el fundamento del artículo 33 de la Ley Safco, base de la acusación fiscal, y el daño supuestamente se originó en la devolución anticipada del IFR”, indica una conclusión del informe. La defensa subraya que “ningún país devolvió el IFR al FMI” y plantea que las autoridades del gobierno de Luis Arce, que instruyeron la devolución anticipada, deberían ser identificadas.
En ese contexto, la defensa concluye que “no se generó daño económico al Estado en 2020” y sostiene que se cumplió con la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.
