El Procurador General del Estado, Ricardo Condori, advirtió este domingo que Bolivia podría enfrentar sanciones a nivel internacional por no cumplir con las 36 recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI-Bolivia). Este grupo investigó las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en 2019 durante la crisis política y social del país.
Condori señaló que las recientes decisiones judiciales que han beneficiado a Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari, quienes están procesados por los hechos de Senkata y Sacaba, ponen en riesgo el cumplimiento de estas recomendaciones. Esta situación ya ha sido observada por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estamos en un apronte de incumplir dichas situaciones y, al incumplirlas, el Estado va a ser responsable”, afirmó Condori en una entrevista con Bolivia TV. Aclaró que la responsabilidad recae sobre el Estado en su conjunto, lo que incluye al Ministerio Público, al Órgano Judicial y a todas las instituciones que forman parte del aparato estatal.
Informe del GIEI y sus hallazgos
El procurador recordó que el informe del GIEI estableció que hubo violaciones a los derechos humanos en hechos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, que resultaron en 36 personas fallecidas. Este informe formuló recomendaciones orientadas a garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas.
“Ya estamos ante un incumplimiento, porque han pasado 5 años desde los hechos y 4 años desde el inicio de las investigaciones”, indicó Condori, quien reiteró que las consecuencias de esta situación pueden derivar en sanciones para el país.
Recomendaciones del GIEI
Entre las recomendaciones del GIEI se incluyen la realización de investigaciones serias, diligentes y exhaustivas; la promoción de actos públicos de reconocimiento a las víctimas; el apoyo institucional a sus familias; y la aplicación de sanciones a los responsables. Además, se hizo un llamado expreso al Ministerio Público y al Órgano Judicial para que realicen un control efectivo y garanticen el respeto al debido proceso.
Consecuencias de las decisiones judiciales
Las advertencias de Condori surgen tras las decisiones judiciales tomadas en los últimos días, como la liberación plena de Pumari, la detención domiciliaria con derecho al trabajo para Camacho, y la resolución que indica que Áñez debe ser procesada mediante juicio de responsabilidades por la masacre de Senkata. En Cochabamba, otro tribunal también dispuso que el caso Sacaba se tramite por la misma vía.
Ante estas decisiones, Condori explicó que la cesación de la detención preventiva no implica el cierre de los procesos, que continuarán conforme a las etapas legales correspondientes. Añadió que la Procuraduría agotará todos los recursos legales necesarios para dar cumplimiento al mandato del GIEI.
Control del Órgano Judicial
“El Órgano Judicial debe realizar un control permanente de las investigaciones para garantizar su celeridad y el respeto al debido proceso legal de todas las partes”, concluyó Condori.
